SANTA RITA. Una fuerte presión sobre el Ministerio Público están ejerciendo productores supuestamente estafados por la firma Agrícola Colonial SAIC. Esto debido a que este 5 de agosto se tendrá la etapa conclusiva de la causa 452, abierta el año pasado en averiguación de las denuncias de los colonos, quienes dicen haber sido estafados por la mencionada firma. Sin embargo, luego de un año de investigaciones de la Fiscalía, no habría suficientes elementos para elevar la causa a juicio, motivo por el cual los presuntos afectados, quienes inclusive conformaron una asociación, están haciendo presión para intentar manipular las decisiones del órgano investigador, según denunciaron abogados de Agrícola Colonial.
Con pancartas, carteles, movilizaciones y fuerte presencia en las redes sociales, un grupo de productores, que contrajeron millonarias deudas con la compañía y ahora buscan excusarse de honrar sus compromisos, valiéndose de denuncias falsas ante el Ministerio Público para lograr acuerdos extra judiciales, buscan presionar a la Fiscalía y lograr que la causa sea elevada a juicio, pese a que no existen elementos para el efecto, según aseguran los abogados de la defensa.
Agregaron además que que varios de los directores imputados siquiera corresponden a los periodos de las transacciones civiles que denuncian como hechos punibles, para visar al Ministerio Público como garrote.
Cabe recordar que el entonces fiscal adjunto del Área X, Edgar Moreno, había conformado a mediados de junio del año pasado un equipo de trabajo para investigar causas penales sobre supuestas millonarias estafas sufridas por productores agrícolas de la zona de Santa Rita y donde aparecen como presuntos implicados directivos de la empresa Agrícola Colonial y las firmas subsidiarias Tupí S.A. y Potensa. El Ministerio Público, en una de las causas, imputó a 7 presuntos implicados. Por resolución número 268, de fecha 12 de junio, habían sido designadas las agentes fiscales Juliana Giménez Portillo y Claudelina Corvalán para proseguir con las pesquisas, que inicialmente estaban a cargo de los fiscales de Santa Rita, Hugo Vázquez Figueredo y Edgar Benítez Delgado.
Luego de pasar más de un año, los agentes fiscales analizaron una enorme cantidad de documentos, presuntamente llegando a la conclusión de que no existen elementos para elevar la causa a juicio. Las denuncias penales simulando hechos punibles, fueron planteadas con el propósito de exonerarse del saldo de obligaciones pendientes, utilizando la estructura del Ministerio Público y el proceso penal como herramientas extorsivas para lograr acuerdos (exoneración de deudas)”, refieren los abogados de la compañía afectada por las acusaciones.
Señalan que las citadas deudas comprometen seriamente a Alfeu Lui, Clever Beuren y otros contra quienes pesan procesos penales de distintas causas entre ellas sobre conductas indebidas, reconocimientos de deudas y otros. Los compromisos pendientes de los nombrados no solo se hallan plenamente documentados sino además existen instrumentos firmados de “reconocimiento de deudas u obligaciones”, los que ambos no quieren admitir y que obran en carpeta fiscal en las causas señaladas. Inclusive algunos denunciantes son compradores de inmuebles en el año 2014 y 2015 que fueron afectados por embargos en el año 2018, pero antes de esta fecha jamás habían siquiera exigido la transferencia que es su obligación. Entonces ahora usando al Ministerio Público como garrote pretenden algunos esconder su propia torpeza, finalizaron abogados de la compañía afectada por las denuncias.
