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Los ingresos mensuales de los funcionarios de las entidades binacionales son un insulto a la razón y a la pobreza del pueblo, tal como lo ilustran los casos de la directora ejecutiva del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), María Teresa Peralta, y del jefe del Departamento Administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Wildo Almirón. La primera percibió en diciembre último 44.443.874 guaraníes, en tanto que el segundo se embolsó ¡nada menos que 105.238.537!, aguinaldo incluido, gracias a que a sus salarios, ya de por sí considerables, se suman varios rebusques adicionales inventados para mantener gorda a la clientela, que constituyen una verdadera tomadura de pelo a ese pueblo paraguayo sin medicamentos, con techos de escuelas que se caen sobre los niños o con pasajeros y productos del agro que quedan varados en los caminos por falta de pavimentos.
En efecto, la directora ejecutiva del PTI cobra un “auxilio de alimentación”, como si fuera una indigente, y una “gratificación por función”, como si no ganara un sueldo de 19.439.000 guaraníes por ejercerla. Por su parte, el jefe del Departamento Administrativo de la EBY, cuyo sueldo asciende a 26.582.550 guaraníes, recibe un premio por el engendro salarial del “presentismo”, o sea, por cumplir con su deber de asistir a su lugar de trabajo, además de una suma para cubrir sus “gastos de almuerzo” y hasta un insólito subsidio por “el uso” de energía eléctrica.
Y bien, es lisa y llanamente inmoral que los directores y los consejeros paraguayos derrochen el dinero público de una manera tan escandalosa, como si no se dieran cuenta de la pobreza en que se debaten tantos compatriotas. Que no nos vengan con el cuento de que sus privilegiados funcionarios son de lo más competentes, y que los cargos que ejercen son de alta responsabilidad. Es bien sabido que, tanto en la EBY como en la Itaipú Binacional, se practica desde siempre un prebendarismo descarado en beneficio de los paniaguados del Presidente de la República. Allí se le encuentra un buen hueco a quien, por algún motivo, deba abandonar otro cargo apetitoso, como el caso del exministro de la Corte Suprema Víctor Núñez; el familiar de un legislador que ponga su voto en venta, como el del hermano del senador Carlos Núñez; o a los parientes de un aliado en una campaña inconstitucional, como el de los dos sobrinos del senador Fernando Lugo.
Tampoco cabe admitir lo que suelen alegar los responsables del indignante despilfarro: que las remuneraciones de los funcionarios paraguayos deben ser equivalentes a las de los brasileños y argentinos, dando a entender que está en juego la igualdad. En realidad, lo que nuestros vecinos hicieron fue seducir a los consejeros y directores paraguayos con jugosísimas remuneraciones para ellos y para los funcionarios de todos los niveles administrativos, para hacer la vista gorda al robo descarado de la mitad de la energía hidroeléctrica que nos pertenece. Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben seguir tolerando el obsceno espectáculo que brindan unos avivados de marca mayor, vinculados al poder político, repartiendo salarios del Primer Mundo entre parientes y allegados. Se trata de una bofetada que merece una respuesta firme mediante manifestaciones de repudio público contra los desfachatados que están desvalijando el país.

Hoy se inician las clases en escuelas y colegios públicos del país, así como esta previsto, gracias al acuerdo entre gobierno y gremios docentes. Ya mucho ha perdido el país con conflictos generados por históricas deudas con el sector docente. El normal inicio de clases se dará gracias a que se logró un acuerdo entre los ministerios de Educación y Ciencias (MEC), Hacienda y los gremios docentes, tras una larga negociación que duró varias semanas. Primó el sentido común, el compromiso y el esfuerzo de ambas partes para evitar el paro que era anunciado para el 23 y 24, los dos primeros días de clases.
Si bien la medida anunciada por un justo reclamo de los docentes, los más perjudicados, los más castigados por el paro iban a ser los miles de niños y adolescentes estudiantes, que no deben perder ni un solo día de clases si pretendemos que la educación sea seria y comprometida con el país.
De acuerdo con lo explicado, el acuerdo alcanzado consiste en un reajuste salarial del 10% durante el año para todos los docentes. Desde abril, como estaba previsto, el aumento será del 7,7% y luego se realizará un reajuste del 2,3% desde julio. Además, hay un compromiso para la instalación de una mesa técnica para seguir ajustando la carrera docente y un desembolso para el escalafón. Pero más allá de los detalles técnicos del acuerdo, lo importante es la voluntad demostrada por ambas partes para llegar a un acuerdo y así no afectar a los estudiantes.
Una vez más, un conflicto ponía en riesgo este año el inicio de las clases en las instituciones de educación del sector público. Como casi siempre, el tema de fondo era el reclamo de los gremios docentes por mejores condiciones laborales con un ajuste salarial, pedido que, insistimos, es plenamente justificado atendiendo a que es un sector cuyo ingreso no condice con el papel que cumple en un país.
Con el acuerdo se dio un paso muy importante. Aunque hay aspectos que se deben ir ajustando, como el de la infraestructura en las cerca de 500 instituciones en situación de riesgo, ahora resta que el año se desarrolle con total normalidad. El MEC debe apuntalar a solucionar definitivamente el grave problema de infraestructura, mientras que los docentes poner todo de sí para capacitarse, ajustar sus métodos de enseñanza y seguir cumpliendo el importante papel que cumplen en la sociedad. Los miles de niños que irán diariamente a clases serán los beneficiados.
Estos son los temas que interesan a la gente y son los aspectos en los que debemos enfocar como prioridad, dejando de lado las interesadas críticas políticas ligadas a cuestiones electorales. Paraguay necesita que sigamos concentrados en temas que hacen verdaderamente a la transformación del país, como la educación, la inversión, los programas sociales, el mejoramiento de la infraestructura y la imagen que está proyectando internacionalmente.

En el 2016 se reportaron 39 casos de feminicidio. Pese a esta espantosa realidad, la aprobación en el Congreso de la Ley “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia” dejaba un aire esperanzador. Lamentablemente, el optimismo duró poco, pues en los dos primeros meses del año (y conste que Febrero aún ni siquiera feneció) ya son varias las féminas asesinadas.Entonces, resulta evidente que queda mucho por hacer para evitar que más mujeres sigan siendo maltratadas o muertas por sus parejas o ex parejas.
De acuerdo con los datos del Ministerio de la Mujer, la violencia intrafamiliar fue el segundo hecho punible más denunciado en el año 2016. Además, entre el 85 y el 95% de las víctimas de violencia son mujeres, de las cuales entre el 60 y el 80% de los casos el agresor resulta ser la pareja o ex pareja. Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, del Ministerio del Interior, señalan que entre 2013 y 2015, de un total de 93 mujeres víctimas, 72 fueron asesinadas por concubinos, esposos o ex parejas, lo que constituye un 77,4% del total de casos.
En Alto Paraná, ya se registraron varios feminicidios en lo que va del año. La joven desaparecida en Tavapy y cuyo cadáver fue hallado en Santa Rita; o el caso de Itakyry, de la joven embarazada asesinada a machetazos por su pareja violenta, son apenas algunos de los bárbaros hechos cometidos en lo que va del 2017.
La Ley “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, aprobada el año pasado, que busca tipificar los casos de feminicidio como una medida para combatir esta problemática, es indudablemente un gran paso. Además de establecer la figura del feminicidio o asesinato de mujeres como hecho punible, fija condenas de entre 10 y 30 años de prisión.
La nueva normativa también especifica los distintos tipos de violencia: feminicida, física, sicológica y sexual, contra los derechos reproductivo, patrimonial y económico, laboral, entre otros, e incorpora la perspectiva de igualdad de derechos del hombre y la mujer, y la no discriminación en el currículo educativo. Un aspecto importante es la eliminación de obligatoriedad de que las mujeres víctimas de violencia tengan que conciliar con sus agresores.
No cabe dudas de que la ley es importante, pero ella sola, sin acciones decididas, inteligentes y comprometidas de todas las instancias del Estado paraguayo será letra muerta. Y es precisamente el gran desafío que también enfrenta la sociedad.
Es totalmente inaceptable que en el Paraguay, una mujer muera víctima de feminicidio cada 9 días o que cada 11 horas una mujer sea víctima de violación, como es inaceptable también que permitamos que siga prevaleciendo la cultura machista. Es hora de actuar, de despertar las conciencias. Nos enfrentamos a un grave problema, hay que frenar esta epidemia de violencia. No se puede aceptar esta realidad.

Hoy y desde hace seis años, cumplimos haciendo un periodismo de frente, sin tapujos ni restricciones. Queremos celebrar esta fecha, principalmente a sabiendas de que la libertad de prensa se ha mantenido firme en nuestro país después del derrocamiento de la dictadura. De hecho, desde nuestra fundación, nos sumamos con entusiasmo al proceso de construcción de la sociedad paraguaya, aportando lo mejor que pudimos de lo que la prensa sabe y debe hacer: informar, investigar y contribuir a la formación de conciencia cívica.
Hoy por hoy, sabemos que nuestro régimen democrático afronta serias amenazas, que deben ser enfrentadas por todos con decisión porque pueden socavarlo hasta el punto de derrumbarlo. Entre ellas, la más grave es la corrupción que campea en el aparato estatal y que desde allí puede extenderse a sectores cada vez más amplios de la población. Urge combatirla aplicando el rigor de la ley a quienes utilizan cargos públicos para enriquecerse ilícitamente. Es intolerable observar cómo se trafican influencias, se sobrefacturan adquisiciones, se amañan licitaciones, se exigen sobornos, se venden sentencias o se practican el prebendarismo y el nepotismo. La moral pública tiene que ser restaurada. Es vergonzoso que los órganos del Estado se hallen tan inficionados por prácticas delictivas que hacen al Paraguay figurar entre los países más corruptos del continente según la percepción de sus propios habitantes. Es indignante que el robo colosal del dinero público no solo retrase sino hasta impida cubrir las necesidades insatisfechas de tantos paraguayos. Los fondos sustraídos a la salud y la educación van a parar a manos de unos cuantos delincuentes de guante blanco que no deberían estar en el escritorio de una institución pública sino más bien en la celda de alguna cárcel.
Y es esa corrupción que hemos denunciado desde el número 1 hasta la edición que hoy tiene en sus manos, amable lector, y tenga la certeza de que seguiremos luchando bajo la misma bandera. No nos intimidarán, como dijéramos en una oportunidad reciente, cuando mafiosos vinculados a la Policía Nacional atentaron, en dos oportunidades, contra las instalaciones de nuestro diario. Y como señaláramos en esa oportunidad, NO VAMOS A RETROCEDER.
A muchos, la libertad de prensa les molesta. De frecuencia, surgen iniciativas para acabar con este derecho inalienable. Por ello, cuando suceden este tipo de episodios, en donde los violentos tratan de silenciar “de cualquier manera” las denuncias que les afectan, son buenas ocasiones para reflexionar cuánta libertad de prensa tenemos y cuáles son las amenazas que penden sobre ella. Desde este espacio, instamos a que cuidemos nuestras libertades, especialmente la de prensa, madre protectora de todas las demás libertades, y avancemos firmes con ellas, porque sus enemigos aparecen todos los días y todos los días hay que enfrentar y derrotar a alguno.
En esta fecha tan importante para nosotros, el Diario La Jornada desea reafirmar asimismo su vocación de servicio a la ciudadanía, de proveerle informaciones, ideas y valores de relevancia cultural, de diario de carácter eminentemente independiente y sin más subordinación que la que se debe a la verdad, a la ley y a las lectoras y los lectores que nos apoyan, ratificando el voto que asumimos con nuestra comunidad hace seis años y que hemos mantenido firme: nuestro compromiso indeclinable con los derechos y las libertades que sostienen nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas libres y dignos, contra toda amenaza, venga de donde viniere y siempre, bajo nuestro lema de batalla, “haciendo periodismo de frente”.

Además de en todo nuestro país, el vector tiene gran influencia y actividad en países vecinos y zonas del mundo a las que acuden miles de connacionales a pasar sus vacaciones, exponiéndose así a adquirir dichas enfermedades y luego padecerla y transmitirla a su regreso. Esto propaga rápidamente dichas dolencias y nos afectan sin distinción ninguna de edades, clase social o condición física.
Las cifras y los datos emitidos por las autoridades sanitarias no son pura fantasía, ni están allí para que el miedo nos haga actuar en consecuencia, sino para llamar la atención sobre algo concreto contra lo que podemos y debemos tomar conciencia. Y ya que hablamos de miedo, recordemos que la epidemia de fiebre amarilla fuera de nuestras fronteras pero muy cerca, hicieron que en el 2008 la gente acudiera masivamente a recibir la vacuna preventiva. Hoy por hoy, Brasil, nuestro vecino cercano, padece otro grave problema con la fiebre amarilla, lo que nos debe advertir sobre la importancia de vacunar a los niños y adolescentes que no recibieron entonces la dosis preventiva o personas mayores que no lo hicieron entonces, antes de viajar a ése país.
La información es poder, suele decirse. Y en el caso de la salud, es vital y poderosa. Estar informados sobre lo que pasa y cómo podemos prevenirlo o hacerlo menos peligroso, marcará la diferencia. Compartir esa información y participar activamente en reuniones de vecinos o impulsar acciones barriales y comunitarias tiene mucho valor, ya que crea alianzas y apoyo para ésta y otras tareas en beneficio de todos los que habitan la zona.
Los temores no deben paralizarnos, sino ayudarnos a adquirir costumbres acordes con la realidad: si hay peligro de proliferación de mosquitos y larvas, proceder efectivamente será eliminar los criaderos y para ello, solo hacen falta algunos pocos minutos de atención en cada casa. La efectividad de evitar que se junte agua de lluvia o de riego en recipientes vacíos de cualquier tamaño, aunque sean muy pequeños como las tapas de botellas y frascos, estén donde estén, está comprobada en todo el mundo.
Mantener una rutina que busque cualquier tipo de depósito de agua en diferentes rincones de la casa es una tarea en la que pueden participar todos los miembros de la familia, hasta los más chicos, que son observadores y pueden ir incorporándolo así a su forma de vida y lo harán siempre. Y, sobre todo, protegerse y proteger a los más vulnerables con el uso de repelentes y de mosquiteros.

Uno de los más graves problemas que enfrenta el país es la inseguridad física de las personas y sus bienes. Aunque en los últimos 25 años la Policía Nacional aumentó su cantidad de efectivos y sus recursos disponibles para combatir la delincuencia, el servicio que presta a la ciudadanía carece de eficacia. No hay solvencia ética ni eficiencia en esa institución clave de la sociedad. Los que han gobernado y gobiernan el país, a lo largo del cuarto de siglo posterior a la caída de la dictadura, han puesto un excesivo énfasis en la cantidad de las prestaciones a la ciudadanía en detrimento de su calidad.
Basta echar una mirada a lo que ha pasado con algunas de las instituciones claves del desarrollo para encontrar fundamento a esta afirmación. El Poder Judicial ha crecido enormemente. La cobertura de juzgados, fiscalías y defensorías públicas abarca casi todo el territorio nacional. Las grandes distancias entre la sede judicial en la que se sustancia un caso y el lugar de residencia de las personas inmersas en un litigio legal se han acotado en gran medida.
La Policía Nacional vivió el mismo fenómeno de incremento cuantitativo. Actualmente las lejanas compañías cuentan con efectivos con medios de movilidad y de comunicación que antes parecían imposibles. Distribuidos en todo el país, hoy existen más de 25.000 policías.
Así como al crecimiento numérico del Poder Judicial y de la educación de gestión pública oficial no siguió un progreso cualitativo hasta el presente, a la Policía Nacional tampoco le alcanzó aún la etapa de la excelencia.
La corrupción es el principal obstáculo que impide a esa institución cumplir con eficacia su labor de defensa de la vida y los bienes de la ciudadanía. La aceptación de sobornos, la venta de protección a empresas, el funcionamiento de cajas comunes para distribuirse entre jefes y subalternos, los policías asaltantes y otros males forman parte de una estructura podrida que, contradictoriamente, apeligra y ataca la seguridad ciudadana.
No todos los policías están vinculados a la ilegalidad, pero todos son cómplices de los aliados a los delincuentes por omisión de denuncia, porque saben cuál es el medio por el que los agentes aumentan su patrimonio personal. La prosperidad que exhiben algunos suboficiales y las faraónicas residencias de algunos oficiales no concuerdan con sus modestos salarios.
Por todo esto, es necesario que el Ministerio del Interior piense en una profunda y radical depuración de la Policía. Con simples traslados no se va a arreglar el problema de los policías que sirven por dinero a asaltantes, narcotraficantes y otros delincuentes, traicionando su responsabilidad.
Para sanear los cuadros policiales, habrá que poner a muchos de ellos en la calle. Serán menos peligrosos afuera que adentro, mimetizados y amparados en el uniforme. La ciudadanía exige y merece seguridad reclamando policías honestos y comprometidos con la seguridad de las personas.

Casi a diario, vemos personas, ya sean adultos mayores, mujeres y principalmente, niños, en estado de abandono total, deambulando sin rumbo por las calles de las ciudades del país, pidiendo limosnas para sobrevivir. También vemos, por supuesto, a muchos ciudadanos y ciudadanos, empeñados en ayudar a esa gente, de la mejor manera que pueden.
Sin embargo, en cuanto a la niñez, cabe indicar que el abandono e incluso la drogadicción en que se hallan sumidos tantos niños exige que no solo intervengan las entidades públicas, sino también toda persona que pueda brindar alguna ayuda. No hay que apartar la vista de la miseria ajena ni habituarse a ella, pero tampoco tolerar que se utilice el dolor ajeno para ganar dinero.
En muchos casos, lamentablemente incluso usan a los niños de corta edad, incluso bebés, para “lucrar”. Se trata de una práctica infame que se halla muy extendida, hasta el punto de que se alquilan chicos para despertar la conmiseración: cuanto más desvalidos se vean, mejor para los explotadores. Lo saben la Codeni, la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía de la Niñez, el Juzgado de la Niñez, la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio Público, que también saben que el Código Penal castiga con tres años de prisión o con multa a quien viola gravemente su deber legal de cuidado de las personas discapacitadas o de cualquiera otra, exponiéndola a ser considerablemente perjudicada en su desarrollo físico o psíquico, de llevar una vida en la que los delitos sean habituales o de ejercer la prostitución. Es necesario que los funcionarios de los citados organismos hagan mucho más de lo poco que están haciendo para precautelar los derechos de los niños e impedir que sigan expuestos al peligro. Solo hace falta que salgan a las calles.
Por su parte, la Ley Nº 1680/01 obliga a toda persona enterada de que los derechos del niño o del adolescente son violados a denunciar de inmediato el hecho a la Codeni o, en su defecto, al Ministerio Público o al defensor público. Aunque no imponga ninguna sanción para el caso de incumplimiento, esta última norma debe servir al menos para concienciar en el sentido de que nadie debe ser indiferente ante los atropellos que, muchas veces, están a la vista de todos. El hecho de que sean indígenas no exime de responsabilidad a los padres del bebé salvado y de la niña que lo portaba. No es de creer que sus normas consuetudinarias de convivencia interior les permitan poner en peligro la vida de sus criaturas o utilizarlas de una manera tan vil. Aunque así fuera, ellas no podrían ser invocadas ante los tribunales por atentar contra los derechos fundamentales establecidos por la Constitución. La admisión de sus costumbres tiene un límite.
Ojalá que la sensibilidad de la sociedad en general ante la suerte de los desamparados sea cada vez mayor. También es necesario que los progenitores o quienquiera que abuse de los niños, poniéndolos en situación de extremo riesgo, sean denunciados ante los organismos competentes.

La excesiva dependencia económica paraguaya del Brasil pone en riesgo no solo el crecimiento económico, sino fundamentalmente el desarrollo del país y el bienestar de la población. La reciente reducción de los pronósticos de crecimiento del vecino país en 2017 por parte de varios organismos internacionales y su potencial impacto en Paraguay obliga a poner en debate las transformaciones estructurales que requiere la economía paraguaya para reducir esta dependencia.
La situación se hace más compleja aun si consideramos que el problema debe verse no solo desde un punto de vista nacional, sino también regional. Los territorios fronterizos –como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá– y sus respectivas áreas metropolitanas exigen políticas que enfrenten de manera particular los desafíos propios de sus condiciones de capital humano, infraestructura y especificidades ambientales y climáticas diferenciadas en cada uno de los territorios.
La economía nacional sufre el impacto a nivel macro de las condiciones del vecino país. Estas tres regiones enfrentan la misma situación, pero con particularidades que deben ser atendidas con políticas que incluyan un enfoque territorial.
Alto Paraná, Amambay y Canindeyú concentran alrededor del 20% de la población total del país, dando cuenta de la relevancia que tienen estos tres departamentos en materia de política pública si el objetivo es el desarrollo territorial y el bienestar de la población. A pesar de la volatilidad que sufre la economía paraguaya producto de su escasa diversificación y dependencia externa, el país no cuenta con una estrategia clara que permita transformar esta condición.
El caso más emblemático, tal vez, por su importancia geográfica, poblacional y económica sea Ciudad del Este, que desde hace años viene sufriendo una drástica caída en su nivel de actividad económica sin que el Estado cuente con una estrategia de reconversión. En estas últimas semanas verifica un repunte derivado de las condiciones del tipo de cambio que nuevamente vuelve a dar cuenta de su alta dependencia del Brasil.
El Estado paraguayo debe contar con una política de largo plazo para reducir la volatilidad del crecimiento económico derivado de las condiciones de los países vecinos. Es necesario para el desarrollo del país darle mayor certidumbre y estabilidad al desempeño económico. Solo de esa manera podremos aspirar a un aumento de la producción y productividad, de la creación de empleos estables y de calidad, de un mejor funcionamiento del sistema financiero y de condiciones favorables para el emprendedurismo y las pequeñas y medianas empresas.
En esta tarea hay responsabilidades compartidas en los tres niveles de gobierno y sobre todo en el trabajo intersectorial de las múltiples instituciones del Poder Ejecutivo con competencia en las políticas de desarrollo productivo.

Últimamente ha cobrado notoriedad el auge de niñas y adolescentes embarazadas en nuestro país, algunas de las víctimas con edades entre los 9 y 13 años. Además de hechos puntuales ampliamente difundidos en los medios de comunicación, el hecho de que de nuevo exista una alerta sobre el tema es sumamente importante, porque es una realidad que muchas veces quiere ser escondida. Los números son preocupantes.
De acuerdo al reporte publicado en nuestro medio, Paraguay es el segundo país del Cono Sur con más embarazo adolescente. De cada 100 nacimientos, 20 corresponden a adolescentes de entre 15 y 19 años, según un informe del Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Los informes señalan además que embarazos de menores de entre 10 y 15 años son de unos 600 en el año, lo que indica un altísimo porcentaje. Solo en la Cruz Roja, de un total de 3.139 nacimientos, el 20% corresponde a embarazos de menores de edad.
En el informe denominado “Embarazos adolescentes en Paraguay: un reto para el logro del desarrollo”, realizado por el UNFP, se especificó coincidentemente que el 20% de los embarazos en Paraguay corresponde a adolescentes. También menciona que entre el 2009 y el 2011 hubo un incremento en el registro de la cantidad de nacidos vivos de madres de 10 a 14 años, pasando de 590 a 611. Esto representa un aumento del 4%. Igualmente, otro dato preocupante fue que dos de los partos diarios que se registran en el país corresponden a adolescentes de 10 a 14 años.
Estos datos alarmantes no deben pasar por alto. Necesariamente el tema debe ser analizado de una manera mucho más integral para determinar si se ha mejorado o empeorado en esta área. Los números proveídos por UNFPA hablan de un aumento, lo que implica que algo no está funcionando como debería ser.
Las instituciones públicas y privadas, así como los organismos internacionales y no gubernamentales tienen la obligación de insistir en identificar las causas y trabajar en torno a la protección de los menores. Aunque suene fuerte decirlo, los embarazos de menores son lisa y llanamente por abusos sexuales y deben ser castigados de una manera ejemplar. Probablemente este sea una de las aristas que urgentemente tiene que ser debatido. ¿Cuál es el castigo, cuáles son las penas? Para los abusos de menores que llevan a la alarmante situación de embarazos de niñas y cómo está actuando la Justicia para los desgarradores casos que han pasado a ser como temas comunes para una parte de la sociedad.
Insistimos en que hay un problema grave que tiene que ser tratado de manera urgente, el abuso de menores que, como una de sus consecuencias, trae consigo el embarazo precoz.

Las herramientas que hoy proporciona la tecnología de la comunicación, entre otros beneficios, han permitido que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de dar a conocer su criterio con respecto a lo que ocurre en la sociedad en la que viven.
Por eso, los que gobiernan saben que no solamente las miradas de la gente están dirigidas hacia su gestión, sino que cualquiera puede expresar su conformidad o disconformidad hacia cada uno de sus actos o declaraciones. La aprobación o la censura es inmediata.
Las redes sociales revelan la indignación ciudadana con respecto al despilfarro del dinero público por parte de muchos empleados públicos que solo existen a la hora de cobrar y no en el momento de trabajar. De no haber existido ese medio, se desconocería el pensamiento de los gobernados acerca de temas que atañen a su vida misma dentro de la sociedad.
Es cierto que hay actitudes irresponsables en algunos usuarios con respecto al canal de transmisión de pareceres. Los que se escudan en el anonimato bajo nombres falsos muestran el lado oscuro de un medio que, no obstante, es un valioso recurso para incidir en el cambio social, superando prejuicios y anquilosados paradigmas en los distintos campos del quehacer humano.
La conducta inmadura de un segmento de los que participan en las redes sociales carece de poder para invalidar la gimnasia ciudadana de exteriorizar el pensamiento, criticar a los que ejercen el poder irresponsablemente y hacer aquellas sugerencias que pueden contribuir a superar debilidades y a robustecer fortalezas.
La vigilancia a los que ejercen el poder no puede, sin embargo, agotarse en palabras que se instalan en el circuito de la web sin compromiso alguno. De no respaldarse el verbo con hechos que indiquen a los políticos que se acabó el tiempo de la tolerancia para la corrupción, los abusos y la impunidad, la crítica no sirve de mucho. Acostumbrados a ignorar las inquietudes de las personas, ellos continuarán amparando a narcotraficantes, usando su influencia para designar planilleros, desviando fondos, violando leyes y burlándose de quienes pretenden construir algo diferente de lo que ellos llevan adelante.
Es necesario, entonces, que las críticas y denuncias vayan acompañadas de hechos que den fuerza y consistencia a las palabras publicadas. Una de esas actitudes es negarse a ser parte de las prácticas corruptas vigentes. Remar contra la corriente y cuestionar con acciones lo establecido tienen sus inconvenientes, pero no se puede permitir que el estado de descomposición progrese hasta el abismo.
Otra es tomar parte de grupos u organizaciones que con sinceridad pretenden el cambio y lo demuestran en una militancia activa en contra del modelo a superar. Las redes sociales, respaldadas por gestos de compromiso concretos, son un mecanismo que puede ayudar a sacar al país de manos de personas inescrupulosas.