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Más allá de los indicadores internacionales de empleo, necesarios para realizar comparaciones entre los países, las estadísticas nacionales muestran problemas graves en el ámbito laboral, dando cuenta de que la buena situación macroeconómica tiene dificultades para transmitirse hacia la esfera microeconómica.
Si bien la tasa de desempleo en la última década ha sido relativamente baja en comparación con otros problemas laborales que afectan a la población en edad de trabajar, el informe de la Organización Internacional del Trabajo pone a Paraguay entre los países de mayor desocupación. La situación se agrava si consideramos que el subempleo y el trabajo informal muestran niveles mucho más altos que el desempleo debido a que, en general, ante la ausencia de un empleo formal, las changas, el trabajo por cuenta propia y las actividades en condiciones de alta precariedad han sido los mecanismos utilizados por la población para garantizar el acceso a un ingreso por mínimo que fuera.
La falta de empleo –desempleo– y el subempleo –trabajar más horas de lo legalmente establecido sin ganar sueldo mínimo o trabajar menos horas de las que quisiera– afectan a alrededor de un tercio de la población económicamente activa. Si a esto le agregamos otras formas de trabajo precario –sin seguridad social, sin salario mínimo o sin contrato– tenemos que la mayoría de los trabajadores cuentan con empleos de baja calidad.
Esta situación afecta particularmente a mujeres y jóvenes. En el caso de las primeras, un tercio de los hogares en Paraguay tienen como jefa a una mujer, con lo cual se puede asumir que las deficiencias del mercado laboral impactan de manera directa en el bienestar de las familias.
Por otro lado, permanentemente se hace alusión a las oportunidades que brinda al país el bono demográfico dada la gran cantidad de jóvenes que hay en este momento histórico. Sin embargo, si estos jóvenes hoy no consiguen un trabajo de calidad, lo que el país les ofrece es un futuro en situación de pobreza y vulnerabilidad, por lo cual el bono demográfico quedó solo en un discurso vacío. La ausencia de empleo y la baja calidad de los existentes limitan la reducción de la pobreza y las desigualdades. La alta prevalencia de estos dos fenómenos, a su vez, obstaculiza la sostenibilidad del crecimiento económico en el largo plazo y las posibilidades del desarrollo.
Dada la relevancia que tiene el trabajo no solo para conseguir un ingreso sino sobre todo porque dignifica al ser humano y le proporciona autonomía, los datos proporcionados por el informe deben ser analizados por las autoridades que tienen competencia en las condiciones laborales e implementar las políticas para enfrentar los problemas señalados. De otra manera, el discurso del milagro paraguayo en América Latina quedará en eso: un discurso vacío de contenido y resultados.

Los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muertes violentas en el Paraguay, con más de 500 víctimas fatales por año, según estadísticas oficiales, seguidas de los homicidios y suicidios. El miércoles de noche acaba de ocurrir un penoso percance involucrando un ómnibus, dejando un saldo de 6 víctimas fatales y varios heridos graves.
Si las estadísticas mantienen el promedio, medio millar de personas morirán este año en nuestro país, a consecuencia de accidentes de tránsito y quizás un número más grande logrará sobrevivir, pero con severas lesiones que en muchos casos les marcarán por el resto de su vida, sufriendo desde amputaciones de partes del cuerpo, parálisis parcial o total, disminución de funciones y severos traumas sicológicos.
Es lo que se podría denominar como una “masacre silenciosa” que viene ocurriendo desde hace años, sin que hasta ahora existan iniciativas decididas y políticas reales desde el Estado y desde la misma sociedad por intentar ponerle freno a esta situación, que cotidianamente llena de luto y dolor a tantos hogares paraguayos.
Del alto número de accidentes que se producen anualmente, el 47% de los fallecidos son personas que viajan a bordo de motocicletas, en la mayoría de los casos sin utilizar cascos protectores, viajar con excesiva cantidad de tripulantes, manejar sin conocer o respetar debidamente las normas de tránsito y cometiendo muchos actos de imprudencia.
Aunque esta “masacre silenciosa” sucede en casi todo el territorio nacional, los lugares donde se registran mayor cantidad de accidentes son Asunción, ciudades del Departamento Central y del Alto Paraná.
El desafío es grande: dejar que sigan muriendo medio millar de personas al año o promover toda una movilización nacional, tendiente a exigir a los distintos poderes del Estado y a las fuerzas más decisivas de la sociedad un plan de acción que logre cambiar este destino trágico.
Para ello hace falta seguir trabajando por mejor infraestructura vial, rutas y calles en buen estado y adecuada señalización, mayor control policial en rutas, calles y avenidas, pero principalmente un proceso de educación vial que sea realmente efectivo y funcional, y que vaya acompañado de un sistema riguroso y eficaz para hacer cumplir las leyes de tránsito, sin permitir la impunidad de quienes las violen. De lo contrario, más y más hogares paraguayos se seguirán llenando de luto y dolor.

Es muy importante que los habitantes de este país se preocupen en observar la conducta de los gobernadores, intendentes y concejales de los departamentos y las localidades del interior, personas que se corrompen y que traicionan a sus compueblanos y cuyas trapisondas permanecen en el anonimato por falta de divulgación.
Paseando por ciudades, pueblos y compañías, lo que se ve es que las únicas obras públicas y de servicio comunitario que se realizan o que se reparan son las que pueden proporcionar ganancias a las empresas que comparten sus beneficios con los intendentes y concejales. Las que no les van a dar provecho particular no reciben atención ni son objeto de su preocupación.
Por ejemplo, el pavimento de las calles internas de pueblos y ciudades depende sobre todo de los posibles beneficios a obtener por las autoridades; si no hay provechosos acuerdos de “comisiones” entre las empresas que concurren a las llamadas a licitación o concurso y los intendentes y concejales, simplemente no se ejecutan.
Los munícipes hacen vito de los aportes del Fonacide y los famosos royalties de Itaipú sin ningún escrúpulo ni temor. Cada municipalidad los emplea en lo que le viene mejor. Así, pese a las limitaciones estrictas que imponen las leyes respectivas en cuanto a la finalidad de esos aportes, se los emplea para pagar salarios y gratificaciones, para adquirir bienes suntuarios o directamente para repartirse entre los “muchachos”.
Luego viene el proceso de control y verificación de dichos actos administrativos, el cual se lleva adelante con criterio partidista. En este momento, ningún exintendente está preso por defraudación de estos fondos, a pesar de la forma grosera en que, en muchos casos, se los dilapidó.
Según los últimos informes de la Contraloría General, el cuadro de las 250 municipalidades de la república ofrece el siguiente panorama: en relación con los aportes de Fonacide, 175 de ellas presentaron rendición de cuentas y 72 no lo hicieron. Con relación a los royalties, presentaron rendición de cuentas 159 y 85 no lo hicieron.
Estas cifras fueron variando durante los años anteriores, incrementándose o reduciéndose las omisiones y los rechazos. La cuestión muestra claramente que, si bien las municipalidades poseen todos los instructivos y formularios acerca de cómo deben rendir cuentas de los aportes recibidos de ambos fondos, muchas no lo hacen, lo hacen mal o, simplemente, pasan por alto las reglas porque no pueden justificar sus defraudaciones. Tan seguros están de que, por el apoyo político del que gozan, ningún brazo de la justicia les alcanzará.
Todas las personas tienen la obligación moral de denunciar públicamente a las autoridades locales corruptas, inútiles o ineptas para el cargo que desempeñan. Es preciso emplear contra ellas y sus administradores desleales todas las armas que la ciudadanía posee, como la acusación formal, el escrache público, la denuncia por los medios de comunicación masiva, en particular los de cada localidad. Los jóvenes, especialmente, tienen en sus manos un gran poder, que es su legitimidad, impulso y entusiasmo por manifestar su lealtad a sus pueblos y ciudades; tienen que hacer uso permanente de él para impulsar la sanción a los políticos venales. Si así no lo hacen, no tienen por qué quejarse de que los mismos les continúen metiendo las manos en los bolsillos.

En el marco de la 58° Asamblea Anual de Gobernadores del BID, a realizarse del 30 de marzo al 2 de abril, se tiene un orden del día con un ítem dominante a juicio de los organizadores: el papel de la mujer como motor de innovación y transformación en el pasado, presente y futuro de América Latina. Son cuatro los ítems a ser puestos sobre la mesa: Soluciones innovadoras en educación, empleo y salud; innovando en la política, la ciencia y la tecnología; el impacto de la cultura, el arte y las industrias creativas en el desarrollo; soluciones innovadoras para un futuro sostenible.
Según estima el BID, son tres los problemas que enfrenta la mujer a escala continental y, por lo tanto, también en el Paraguay. El primero de ellos es su limitado acceso a recursos productivos. Con un factor latente y en permanente expansión, el cambio climático, los hogares campesinos, la mayoría de ellos encabezados por mujeres, disponen de un limitado acceso a tecnología, insumos y metodologías para impulsar la producción. El BID estima, además, que las mujeres centran su actividad en la producción de alimentos pero no llegan en forma orgánica a los mercados, cuya dinámica las sobrepasa y, por lo tanto, no tienen posibilidades de participar en la formación de precios derivados de la colocación de sus productos. Aunque la mujer paraguaya tiene una larga tradición de venta de productos de la tierra, su etapa comercial se reduce a pequeñas cantidades, siempre a merced de las cadenas de intermediación y con baja rentabilidad. El otro factor que enfrentan las mujeres, a juicio del BID, es su carencia de representatividad. Es limitada la cantidad de mujeres participantes de alguna forma asociativa y por ende con escaso acceso a capacitación en el uso de tecnología actualizada para mitigar los impactos derivados del cambio climático. La agenda del BID-CII buscará diagnosticar el nivel de importancia que tiene la mujer en la conducción de las cooperativas y en qué medida están involucradas en la toma de decisiones. Se espera que en esta cita continental se comprenda mejor el papel de la mujer en el desarrollo, motivando la incorporación de innovaciones como contribución de la mujer en diferentes áreas y que apunten a una elevación en la calidad de vida, con énfasis en la mujer rural.
El BID tiende la mesa con la cooperación del Gobierno del Paraguay llamando a la mujer, en especial aquellas que participan de alguna forma asociativa, a asomarse al cambiante mundo en el cual la salud, la educación y el empleo son variables siempre presentes y generadores de la mayoría de los cambios que nos afectan.
El objetivo del evento es informar, inspirar y motivar destacando innovaciones y contribuciones de la mujer en diferentes áreas y sus soluciones innovadoras que mejoran vidas en América Latina, el Caribe y el mundo.

No caben dudas que uno de los aspectos en donde el Gobierno debe mejorar urgentemente es en cuanto a resultados económicos. Ello requerirá por parte del Gobierno un gran esfuerzo por transformar el modelo económico de uno centrado en las exportaciones con escasa diversificación y valor agregado a una matriz productiva con menor dependencia climática y externa y mayor impacto en el empleo decente y en las recaudaciones tributarias.
No es fácil que un Gobierno logre cambiar estructuralmente la economía de un país. Para ello se requieren buenas políticas y programas, un plantel de funcionarios profesionalizados y comprometidos con los objetivos nacionales, y recursos suficientes.
El Estado cuenta hoy con pocas políticas y programas, los que existen además son de baja cobertura, con escasa coordinación interinstitucional y muchos con diseños de mala calidad; por lo tanto, su potencialidad para generar transformaciones estructurales es mínima.
Aun cuando se asumiera que su cobertura puede ser ampliada, los recursos públicos son claramente insuficientes. El aumento del endeudamiento externo es el mejor indicador de ello. Esto supone el peligro latente de tener que aumentar impuestos en el mediano y largo plazos, con las consabidas consecuencias en la inequidad tributaria.
El año 2016 no puede pasar sin una reforma tributaria que implique reducir la desigualdad del sistema actual que descansa más en los que tienen menos y algunos sectores económicamente poderosos quedan al margen de una contribución justa con el fisco. Ello significa reducir el peso de los impuestos indirectos, aumentando el de los impuestos directos.
La persistencia de altos niveles de subempleo e informalidad laboral pone en entredicho la lucha contra la pobreza y las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, por lo que el desafío que se viene en esta materia es grande.
Si bien ese problema concreto le afecta principalmente al Ministerio del Trabajo, otras instituciones como los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Industria y Comercio y el Instituto de Previsión Social también tienen roles relevantes en la formalización del trabajo y, por esa vía, en el desarrollo del país.
Buenos diseños de estrategias y una gestión pública eficiente y eficaz requieren una carrera del servicio civil, limitando al mínimo la posibilidad de influencia de los sectores políticos. El Gobierno debe contar con instrumentos serios para seleccionar y promover funcionarios bajo criterios estrictamente meritocráticos. No es suficiente la publicación de la nómina de funcionarios y sus salarios. La opinión pública tiene que ver variables que indiquen claramente que se contrata a los más calificados.
Los obstáculos puestos a la corrupción deben generalizarse. La vigencia del contrabando, las maniobras en las compras públicas, los concursos y licitaciones amañados a favor de amigos del poder denunciados públicamente dan cuenta de la persistencia de una corrupción sistémica. No son pocos los desafíos económicos que se le presentan al Gobierno. Más allá de la estabilidad macroeconómica, la mirada debe estar centrada en mejorar el nivel de vida de gran parte de la población paraguaya, que hoy vive sumergida en la pobreza más absoluta.

Un mes atrás se anunció que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables del Brasil dio luz verde para la construcción del segundo puente entre nuestros dos países, sobre el río Paraná. La falta de esa autorización supuestamente era uno de los obstáculos para el inicio del antiguo proyecto.
Anuncios de este tipo ya se produjeron en el pasado y se daba como inminente el inicio de los trabajos. Pero la obra tiene una larga historia, que vale la pena repasar. Ya en junio del 2003, en el inicio del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, en una de las tantas Cumbres del Mercosur, realizada en el hotel del Yacht y Golf Club, el entonces presidente del Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, le dijo a su homólogo paraguayo: “Tenemos que inaugurar el segundo puente sobre el Paraná antes de que terminen nuestros mandatos”. Sin embargo, a pesar de la retórica diplomática de buena voluntad desgranada por los sucesivos gobiernos que se han turnado en el Brasil, la palabra brasileña de iniciar la construcción del nuevo puente entre las ciudades de Foz de Yguazú y Presidente Franco hasta ahora no pasa de promesa incumplida.
Los contratiempos para la construcción del puente de referencia –reales o inventados– se remontan a la hora prima de su lanzamiento. Así, ya en 1996, bajo el gobierno del presidente Juan Carlos Wasmosy, cuando todo parecía estar listo para la firma del pertinente convenio bilateral, se produjo la ruptura política –por intereses comerciales inherentes a la construcción del puente– entre el general Lino Oviedo, a la sazón comandante del Ejército, y el presidente de la República. Los senadores que respondían a los intereses de Oviedo bloquearon la ratificación de la nota reversal del acuerdo pertinente, y el proceso quedó trunco.
Así llegamos al gobierno de Fernando Lugo, quien, más que su antecesor Duarte Frutos, tenía afinidad ideológica con el presidente Lula da Silva para destrabar la renuencia política del Gobierno brasileño en iniciar la construcción del largamente postergado puente. Pese a que en ambos lados hubo gran alharaca para dar comienzo a la construcción del puente en el lado brasileño, y de los accesos de la cabecera del mismo con las rutas nacionales en el lado paraguayo, al final la promesa resultó nuevamente en el aire, y el presidente Lula entregó el gobierno a Dilma Rousseff sin haber colocado una sola estaca para el inicio de los trabajos de construcción del puente que se había comprometido a inaugurar durante su primer mandato.
Bajo el gobierno de Horacio Cartes, tras un auspicioso inicio de conversaciones con el gobierno de Dilma Rousseff, y las reiteraciones de promesa por parte de las autoridades brasileñas de un pronto inicio de los trabajos de construcción, todo quedó de nuevo en la nada, como bajo el gobierno de Lula. Transcurridos tres años desde entonces, en el ámbito del Gobierno se vuelve a tocar el tema.
En días recientes, en ocasión de visitar obras viales en el este del país, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, fue requerido por autoridades locales acerca del largamente esperado puente. “Brasil nos está jugando una mala pasada”, respondió el ministro de modo tajante en presencia del gobernador del Alto Paraná, parlamentarios e intendentes del departamento. Es de esperar que el ministro Jiménez Gaona en su viaje reclame con firmeza a las autoridades brasileñas el cumplimiento de lo pactado. Un rápido inicio de los trabajos puede levantar todas las dudas y sospechas que se ciernen sobre este inexplicablemente demorado proyecto.

Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubica a nuestro país como uno de los de mayor desigualdad del ingreso de la región. La situación se agrava si consideramos además que el país no ha mostrado una reducción significativa en la última década, lo cual debería llamar la atención teniendo en cuenta su desempeño económico.
En efecto, Paraguay es uno de los países cuyo PIB ha crecido a promedios más altos que el del resto de los países en la última década, a la par de que ha aumentado el gasto público. Constantemente las autoridades hacen referencia al “milagro” paraguayo basado en tasas altas de crecimiento junto con un largo periodo de estabilidad macroeconómica. Al parecer, estas condiciones no fueron suficientes para reducir la inadmisible desigualdad que la historia reciente muestra con tanta crueldad.
A los datos estadísticos se agrega la percepción ciudadana de que el Gobierno no solo no realiza acciones para enfrentar el problema, sino que además beneficia más a los ricos que al resto de la población.
El discurso oficial, igual que el de los gobiernos anteriores, se centró principalmente en el combate a la pobreza, olvidando que la desigualdad es tanto o más importante, siendo una de las causas de la situación de pobreza que sufre todavía una gran proporción de la población. Es decir, sin reducción de las desigualdades, la reducción de la pobreza tiene límites.
El referido informe de la Cepal no solo señala que la desigualdad se mantiene alta y con una tendencia al estancamiento. También muestra que las políticas públicas, antes que contribuir a su reducción, la profundizan.
Esta percepción no está desvinculada de hechos reales. En la última década, las estadísticas muestran años en que los ingresos de los más ricos crecieron a un ritmo mucho mayor que el de los pobres, lo cual hace suponer que el crecimiento económico benefició más a unos que a otros. Pareciera que las políticas públicas tienen la misma tendencia. Se evidencian importantes incrementos en la inversión social y de obras, pero estos recursos no están llegando a la ciudadanía.
Un sistema tributario inadecuado por su inequidad, así como la evasión y la elusión de impuestos cuestan a Paraguay millones de dólares en ingresos tributarios impagos, fondos que podrían y deberían invertirse en luchar contra la pobreza y la desigualdad. El incremento de los ingresos tributarios es clave para la inversión pública en la reducción de algunas de las brechas históricas que todavía persisten en el acceso a bienes públicos de calidad en el ámbito de la educación, la salud, el transporte y la infraestructura. Es urgente que la política fiscal, tanto los ingresos como gastos, contribuyan a reducir las desigualdades. Este Gobierno y los próximos deben tomar las medidas necesarias para lograr ese objetivo.

Ayer miles de mujeres salieron a las calles, para protestar contra las injusticias de las que son víctimas todos los días. No entraremos aquí a analizar las polémicas generadas con el “yoparo” y “yonoparo”, generado debido a discrepancias respecto al aborto y la ley de género, sino al tema en donde todos estamos de acuerdo; la inadmisible violencia contra el sexo femenino.
Recordemos que un total de 11 casos de mujeres asesinadas por sus propias parejas o ex parejas se produjeron apenas en los dos primeros meses de este año, reafirmando que la cultura de violencia machista sigue cobrando víctimas entre las mujeres. Esto, a pesar de que apenas en diciembre de 2016, la nueva Ley 5777, De protección integral a las mujeres contra todo tipo de violencia, creó la figura penal del feminicidio, endureciendo el castigo por el asesinato de mujeres con una expectativa de 10 a 30 años de prisión.
Esta situación de violencia, que también se da en muchos otros países, ha despertado numerosas campañas y movilizaciones, como la denominada #Niunamenos, nacida en la Argentina, y que se ha extendido a nivel global.
Otro de los puntos más cuestionados es el de la desigualdad laboral. Muchas mujeres siguen cobrando menos por hacer el mismo trabajo que los hombres. Según los datos estadísticos, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 31%. En el caso de las empleadas domésticas, ni siquiera tienen iguales derechos que los demás trabajadores y trabajadoras, debido a la actitud de la propia clase política, con la mayoría de los legisladores que rechazaron varios puntos de un proyecto de ley, oponiéndose a conceder beneficios a este sector relegado laboralmente desde hace muchos años. Actualmente, la mayoría de las trabajadoras domésticas ganan un 40 o 50% del sueldo mínimo.
La desigualdad también se percibe en el campo de la educación. Un 6,1 de mujeres son analfabetas, frente a un 4,6% de hombres. Un 67,2 de mujeres jefas tiene apenas 9 años o menos de estudio, frente a un 63,3% de hombres en la misma situación.
También se mantiene mucha desigualdad en las tareas de cuidado y la crianza de los hijos, donde la mayor parte del compromiso recae en las mujeres, aún cuando ellas salgan a trabajar. Tampoco existe igual nivel de participación en los espacios de decisión social o política.
Aunque se deben reconocer importantes avances, producidos principalmente a partir de las luchas y movilizaciones de las propias mujeres, todavía falta mucho por conquistar la igualdad y sobre todo por modificar positivamente una cultura machista y patriarcal que sigue imperando en distintos sectores de la sociedad, incluyendo a la propia mentalidad de muchas mujeres. Por ello, en este día significativo, una vez más decimos sí a la igualdad y no a la violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos.

Las principales ciudades de nuestro país están cada vez más sucias, más contaminadas, más insalubres. Nuestros espacios públicos son tomados por asalto por los que arrojan sus desechos, aprovechando que ninguna autoridad los vigila y que no se aplica ninguna sanción a los trasgresores. La mayor parte de la gente que diariamente se queja de la acumulación de basura parece no darse cuenta de que la causante principal de esa situación es ella misma. Ve la mugre de sus vecinos, pero no la que ella aporta. Reclama a la administración municipal, como si las comunas tuvieran recursos y personal suficientes para una tarea de tal magnitud.
Lo cierto es que la extraordinaria multiplicación de procedimientos para deshacerse de la basura domiciliaria que se observa en Asunción y ciudades circunvecinas está aproximando a esta gran área geográfica, la más densamente poblada de nuestro país, a una catástrofe ambiental y sanitaria de la que nos costará mucho esfuerzo, sufrimiento, tiempo y dinero recuperarnos.
¿Por qué la gente dispone sus sobras y restos en cualquier parte? Basta que en una esquina alguien arroje unas cuantas bolsas de basura o escombros para que, a las pocas horas, el resto del vecindario, en vez de hacer algo por descubrir y denunciar al culpable e impedir que continúe haciéndolo, se le sume aportando su propia basura. Así se forman lo que en este país (tal vez el único que los tolera) se denominan “minivertederos”, núcleos de polución y envenenamiento del cual pueden surgir enfermedades difíciles de detectar, de esas que se manifiestan mucho tiempo después, tanto como las de efectos rápidos y fáciles de contagiarse, como las que transmiten los mosquitos.
Después de formado un minivertedero, los propios vecinos que lo crearon comienzan a expresar airadas protestas contra la Municipalidad –de hecho, es sumamente deficiente–, acusándola de no venir a limpiar, como si este organismo tuviera la obligación de corregir los vicios, defectos y actos irresponsables de grupos de personas sin conciencia cívica ni sentido de la solidaridad.
En otra manifestación de barbarie cultural, hay personas que se dedican a arrojar las bolsas de basura a las banquinas de rutas o al borde de vías públicas, en baldíos y en cualquier lugar oscuro, porque lo hacen al amparo de la noche. Por supuesto, ningún organismo, autoridad ni vecino afectado se siente en la obligación de levantar la mugre de la que no es responsable.
El desprecio por la calidad ambiental y la seguridad sanitaria colectiva es un mal que tiene su origen en la falta de educación. Es, pues, un problema cultural. La mayoría de los habitantes se muestra como una ciudadanía desordenada, mugrienta e irresponsable. Le importa muy poco ensuciar el suelo arrojando sus desechos donde acabe de consumir o usar algo, o contaminar el aire prendiéndole fuego a lo que le esté molestando, o poluyendo los cursos de agua derramando restos de productos químicos, de materia orgánica en descomposición o de restos vegetales de podas y limpieza de jardines, patios, depósitos, etc.
La formación de vertederos clandestinos y minivertederos barriales debe ser evitada con todas las herramientas tecnológicas de vigilancia de que se disponen actualmente, y debe ser combatida con las más enérgicas sanciones que la normativa provee. No es razonable ni justo que a las personas de conducta ineducada, irresponsable y prepotente les sea tan fácil ignorar, incluso burlarse abiertamente de las normas legales, de las de convivencia civilizada y de las de respeto por la vida y la salud generales, haciendo lo que se les antoja con sus residuos y desechos.

El ministro de Educación, Enrique Riera, confrontado con la triste realidad de que prácticamente cada día cae el techo de alguna escuela, a nivel país, señaló que, presupuestariamente, es imposible cumplir con todas las necesidades. Sugirió entonces una alianza con el sector privado, para establecer un sistema de “padrinazgos”, y así, con capital privado, lograr introducir las mejoras que hacen falta en la infraestructura de las escuelas y colegios públicos.
Con relación a esto, debemos admitir que el más duradero infortunio del Paraguay no es político, ni económico, sino social: la indiferencia de la ciudadanía por la suerte del país en términos del interés general relacionado con la gestión del gobierno, como con la dinámica de la vida nacional en todos los campos de la convivencia ciudadana. Al parecer, el patriotismo de los paraguayos y paraguayas es un sentimiento de identidad que solo aflora en el alma del pueblo en los momentos trágicos de su existencia, como fueron las dos guerras internacionales que la nación tuvo que afrontar en el corto lapso de poco más de medio siglo, y en las que el pueblo en armas asombró al mundo con un heroísmo sin par.
Las élites de la sociedad, políticas, económicas y sociales del Paraguay deben desechar la apatía que les caracteriza en cuanto a interesarse solo en lo que les importa en términos personales o gremiales, y no también en la suerte de los sectores más desposeídos de la sociedad.
En efecto, los gremios del sector económico son los más llamados a presionar al Gobierno para que introduzca en su política económica acciones eficaces de justicia, equidad y oportunidad destinadas a paliar la pobreza rural y urbana que coloca a nuestra nación como una de las más pobres del continente.
¿Por qué los gremios empresariales reaccionan solamente cuando el Gobierno dicta medidas que les afectan en sus intereses? Por ejemplo, la Asociación Rural del Paraguay actúa cuando se produce alguna grave invasión de tierra u otro tipo de crisis que afecta al sector. No les importa que muchos campesinos continúen sin tierra; que el Indert trate con displicencia el tema; que no tengan crédito, asistencia técnica o semillas, etc. Reaccionan cuando los sintierras cruzan sus alambrados. No se ha visto que, en ausencia de crisis, en algún momento la directiva de la Rural haya ido con todos sus miembros a reclamarle al Presidente de la República, al ministro de Obras Públicas, al ministro de Agricultura y Ganadería, al de Educación, al presidente del Indert que se ocupen de la falta de ayuda técnica, de la falta de tierras, de escuelas, de caminos de todo tiempo para que los campesinos puedan transportar sus productos a los mercados. Cuando no tienen ningún problema es que deberían visitar a las autoridades a reclamarles la atención de los problemas de fondo que aquejan al campesinado inculto, pobre y sin tierra; causa primordial de la lacerante pobreza que aqueja a nuestro país.
Lo mismo puede decirse de los otros grandes gremios empresariales, como la Feprinco, la Unión Industrial Paraguaya, la Unión de Gremios de la Producción, las organizaciones de cooperativas, que, generalmente, reaccionan solo cuando un nuevo impuesto o el aumento de uno existente va a afectar las actividades de sus asociados, y no miran a los costados para ver que en el país también existe otra gente a la que se debe apoyar solidariamente en sus reivindicaciones.