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La fiscal Carolina Rosa Gadea, titular de la Unidad Penal número 5, formuló acusación contra Silvestre Antonio Fink (21), alias “Chivé”, por robo agravado con resultado de muerte, y al mismo tiempo requirió la elevación de la causa a juicio oral y público. El acto conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.
El encausado, quien registra cuatro antecedentes penales, surge como el autor de la muerte de la estudiante universitaria Leydi Liz Ayala Vera (21), hecho ocurrido el 18 de agosto del 2016, a las 18:40 horas aproximadamente, sobre la calle José Hernández del barrio San José de Ciudad del Este.
En aquella oportunidad, el presunto delincuente y un cómplice -a bordo de una motocicleta, de la marca Star, de color azul- atacaron a la joven, quien se dirigía a pie a la universidad. Silvestre Antonio descendió del biciclo con cuchillo en mano y exigió a la víctima a la entrega de su celular y otras pertenencias. La mujer se resistió y peleó con el atacante, circunstancia en que sufrió 9 puñaladas en distintas partes del cuerpo y falleció casi en forma instantánea.
Seguidamente, el criminal se apoderó de la cartera de la joven y huyó del lugar junto con el cómplice, apodado “Jhony”, quien hasta ahora permanece prófugo de los investigadores, considerando que no pudo ser plenamente identificado. El celular de la chica quedó en el sitio, atendiendo que no pudo ser robado por los delincuentes.
Tras el hecho, agentes de Investigación de Delitos y de la Sección de Homicidios de la Policía Nacional detuvieron a Silvestre Fink, 20 de agosto durante un procedimiento realizado en la ciudad de Hernandarias. Del poder del sospechado fueron requisados el arma utilizada presuntamente para consumar el homicidio y una campera con mancha de sangre en los puños. El imputado registra cuatro antecedentes penales por robo agravado, dos tentativas de robo agravado y transgresión de la Ley de Arma. Además, contaba con arresto domiciliario en una de las causas. Tras su detención, igualmente fue reconocido como autor de otro atraco armado perpetrado en el barrio San José en perjuicio de un hombre, quien pidió la reserva de su identidad.

La administración del Tribunal Penal de Ciudad del Este pretende trasladar nuevamente algunas oficinas al edificio que el año pasado fue evacuado y clausurado por causa del peligro real de derrumbe. Luego de constatarse rajaduras en las paredes y el hundimimiento del principal pilar, el presidente de la 6a Circunscripción Judicial, Isidro González, había declarado que en el predio ya no volverían los funcionarios judiciales. Pero al parecer las cosas mudaron y para finales de marzo o principios de abril están previstas las mudanzas.
El martes de esta semana la adminsitradora del Tribunal Penal de CDE, Cinthia Fariña, verificó el edificio donde actualmente funciona el Fuero Penal acompañada de la propietaria del predio, que es la misma dueña del edificio que a finales de marzo del 2016 casi colapsó y que era alquilado por el Poder Judicial por G. 40 millones mensuales. Al tiempo que controlaba las salas donde se realizan los juicios orales Fariña daba indicaciones para que su secretario anote e intercambiaba ideas con la locataria.
Según fuentes, la idea es trasladar nuevamente las salas de juicios orales al predio antiguo, que desde su clausura hasta la fecha pasa por refacciones. Pero la idea no fue del agrado de la mayoría de los funcionarios, quienes no confían en las reformas hechas luego que el año pasado tuvieran que abandonar sus oficinas despavoridos y con temor de morir enterrados bajo escombros. Además el predio antiguo debe ser verificado nuevamente por un arquitecto de la Corte Suprema de Justicia que debe dar el okay, lo que no ocurrió aún según nuestras fuentes.

Un comerciante que habría maltratado físicamente y encerrado a su esposa y tres hijos menores en un local comercial del microcentro de Ciudad del Este, fue imputado por la fiscal Analía Rodríguez. Se trata de Óscar González Roa (36), quien soporta el proceso penal por la supuesta comisión de los hechos punibles de violencia familiar y privación de libertad.
La representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, quien permanece recluido en sede de la Jefatura de Policía del décimo departamento, a disposición del Juzgado Penal de Garantías de turno.
Según el escrito de imputación, el hecho ocurrió el 17 de febrero pasado en el local comercial denominado Sony Star, ubicado en el shopping King Fong. Resultaron víctimas Graciela María Sánchez y sus hijos de 8, 12 y 13 años. Las víctimas pudieron escapar del lugar mediante la ayuda de unos vecinos.
La mujer declaró que en varias oportunidades fue agredida físicamente por Óscar González Roa, quien supuestamente sería un consumidor de sustancias estupefacientes.
La víctima presume que la actitud agresiva de su pareja se debe justamente a su adicción a las drogas.

El juez Penal de Garantías de Iruña, Osmar Vallejos Cárdenas, envió a la cárcel a Rigoberto Gregorio Mandagui Benítez, quien fue imputado por feminicidio por la agente fiscal María del Carmen Meza, requirió la prisión preventiva. El sospechado habría asesinado a mechetazos a su concubina Nancy Noemí Pavón Álvarez (18), tras una discusión que mantuvieron en una propiedad agrícola del distrito de Iruña, donde trabajaba la pareja en plantación de yerba mate.
El crimen ocurrió este 16 de febrero, a las 19:00 horas aproximadamente, mientras el cuerpo de la joven fue hallado recién a las 21:00 de esa misma fecha. Fue luego de que el presunto autor del homicidio se diera por detenido en la comisaría 88ª de la colonia Maestro Fermín, del departamento de Itapúa, comunicando que había asesinado a su pareja. Posteriormente, el sospechado fue trasladado a la zona de Alto Paraná, siendo procesado por la agente fiscal María del Carmen Meza. La víctima presentaba varias heridas con arma blanca en el tórax y en la cabeza, según el acta de imputación. “Traumatismo de cráneo”, fue la causa de la muerte, según el diagnóstico del médico forense del Ministerio Público, Dr. Fernando Mo-reira.
“Esta representación pública, al estimar que concurren los méritos necesarios para la conversión de la detención en prisión del imputado Rigo-berto Gregorio Mandagui Benítez, solicita a ese órgano jurisdiccional decrete la prisión preventiva”, señala parte de la imputación presentada por la fiscal Meza ante el Juzgado de Garantías.

ITAKYRY (Especial). El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, ordenó una “auditoría de reacción inmediata”, respecto a hechos de violencia en la finca 489 (padrón 711) de éste distrito, propiedad que está siendo disputada por Edith Natalia Benítez Rodríguez, esposa del exfutbolista Nelson Zelaya y el abogado Nelson Coronel, empleado el presunto megaestafador Nivaldo Euriques. El sábado último, incluso un camarógrafo y el corresponsal de nuestro diario, Sergio Rubinich, fueron golpeados por agentes policiales que estaban en la finca durante el violento atropello por parte del hijo de Euriques y grupo de personas, durante el hecho seis personas fueron detenidas.
La ministra de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, presidenta del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, ordenó ayer la auditoría de reacción inmediata y la remisión de los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial. De acuerdo a los datos, se investigarán los hechos de violencia ocurridos el día 15 de febrero en la propiedad mencionada, en donde abogados y empleados de Nelson Coronel, quien reclama como suyo el inmueble, fueron golpeados por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), quienes habrían estado bajo mando de la abogada Rosse Maldonado, defensora legal de Nelson Zelaya y su señora.
Cabe recordar que el sábado, en un nuevo intento por cosechar soja de parte de Coronel y sus empleados, también les “alcanzó” la agresión al camarógrafo Javier Ramírez, del canal 16 Red Interior de Santa Rita y a Sergio Rubinich, corresponsal del diario La Jornada, quienes estaban realizando cobertura periodística en el lugar.
La mencionada finca es actualmente objeto de una fuerte disputa entre Edith Natalia Benítez Rodríguez, esposa del exfutbolista Nelson Zelaya, y Nelson Coronel, quien acorde a las documentaciones es la verdadera propietaria del inmueble. La pareja del exatleta llegó a negociar en 3 millones 600 mil dólares parte de la finca con Nivaldo Euriques, pero éste solamente pagó 1 millón de la moneda norteamericana, y luego sus cheques no pudieron ser efectivizados en ventanilla por falta de fondos.
Luego en una maniobra dolosa, el supuesto megaestafador Euriques, transfirió a su empleado, el abogado Nelson Coronel supuestamente en concepto de honorarios profesionales parte de la finca que él ni siquiera había pagado el 50%.

SATISFECHOS CON INTERVENCIÓN
DE SUPERINTENDENCIA DE LA CORTE
Respecto a la decisión del Consejo de Superintendencia de la Corte, el abogado Arnaldo Gaona, representante legal de Nelson Coronel, señaló que llega “en el momento oportuno”, ya que lo ocurrido en Itakyry es “terrorismo de Estado”. Según sus expresiones la abogada Rosse Maldonado fue la que encabezó el procedimiento en que el grupo de personas, entre quienes estaba el hijo de Euriques sea privado de su libertad.
Gaona señaló que su cliente tiene en su poder una resolución judicial del 6 de enero de éste año, firmada por el juez Aníbal Duarte de Hernandarias, que le faculta a trabajar a Coronel, en el marco de un interdicto de retener la posesión e incluso se le ordena a la Policía custodiar el inmueble. Sin embargo, dicha orden ya es ignorada por la Policía.

HERNANDARIAS. Un joven dedicado a hurtar y reducir motocicletas fue atrapado por agentes policiales durante un control de rutina, cuando se movilizaba en un biciclo denunciado. Tras su aprehensión supuestamente confesó que había otras motos escondidas dentro de un yuyal y guió a los uniformados hasta el local para poder recuperarlas.
La detención del ladrón se registró el domingo a las 19 horas en el barrio Santo Domingo.
Se trata de Víctor Daniel Núñez Noldin, alias “Ju’i”, de 20 años, detenido por agentes de la Comisaría 5a. De su poder se recuperó una motocicleta Leopard MC100cc, denunciada como hurtada en fecha 19 de febrero por su propietaria Fátima Raquel Vera Ríos. Posteriormente también se recuperaron el chasis de una moto Kenton GTR 150cc verde, hurtada el 2 de febrero, un biciclo bordó sin marca y sin motor, y una bicicleta GTS roja.
Los policías abordaron a Núñez durante un control y al verificar el chasis de la motocicleta constataron que era hurtada. Posteriormente el mismo comentó que había otros biciclos hurtados que se encontraban guardados en un yuyal ubicado en inmediaciones de la laminador Barcez, en el barrio Bella Vista.

MINGA GUAZU. Un suboficial que conducía borracho mató a un motociclista y dejó gravemente herido a otros tres luego de provocar dos accidentes de tránsito seguidos. Luego del primer percance el uniformado se dio a la fuga y 2.000 metros más adelante protagonizó el otro accidente. No volvió a escapar por causa de los desperfectos que sufrió su rodado. Llamativamente la Fiscalía lo dejó libre. Los accidentes ocurrieron el domingo entre la 1:20 y 1:30 de la madrugada en los Km. 13,5 y 15,5 de la Ruta VII.
El protagonista es el suboficial segundo Diego Alejandro Pereira Morínigo (32), personal de la Policía Turística, quien conducía borracho un automóvil Toyota Premio azul, con matrícula XBB 501. Por causa de su irresponsabilidad falleció en el Hospital Regional de CDE el motociclista Pedro Joaquin Romero Vigo. Por otro lado, en el mismo centro asistencial se encuentran internados en estado grave Julio César Ayala Páez, José Asunción Garcete Vallejos (38), y José Alcides Villalba Báez (43).
Según los datos, el primer accidente provocado por el suboficial ocurrió en el Km. 13,5, lado Acaray, donde atropelló y arrolló a los motociclistas Pedro Joaquín Romero Vigoy Julio César Ayala Páez. En el lugar dejó abandonados a los accidentados y huyó raudamente en dirección a su vivienda ubicada en el Km. 16 Monday. Pero en el Km.15,5 protagonizó otro accidente del cual resultaron víctimas los también motociclistas José Asunción Garcete Vallejos y José Alcides Villalba Báez.
Tras el segundo accidente el automóvil del uniformado quedó bastante averiado y por ese motivo ya no pudo fugarse. Agentes de la subcomisaría 14a y de la Comisaría 8a lo detuvieron y comunicaron a la fiscal Analía Rodríguez. La misma dispuso que el suboficial sea sometido al alcotest y pese a dar positivo lo liberó de nuevo.

Dos jóvenes que asesinaron a tiros a un adolescente durante una discusión fueron juzgados y condenados a 12 y 16 años de cárcel respectivamente. La pena más elevada fue impuesta al autor material del homicidio, quien mató a la víctima por causa de “problemas de pollera”. El juicio oral concluyó ayer al mediodía en el Tribunal Penal de Ciudad del Este.
Los que fueron al banquillo de los acusados para ser juzgados por un homicidio son Mariano Ariel Portillo Acosta, alias “Ñoquis”, y Roberto Carlos Dávalos Portillos, alias “Gordo”, condenados a 16 y 12 años de cárcel respectivamente. La fiscal Claide Acosta, que asumió la causa, solicitó penas de 25 y 16 años de prisión para los acusados, pero el tribunal integrado por los jueces Herminio Montiel, Efrén Giménez, y Milciades Ovelar aplicó penas menores. “Ñoquis” y “Gordo” fueron procesados y condenados por el asesinato del adolescente Angel Rodrigo González Palma (17), ocurrido el 14 de septiembre del 2.014 en el asentamiento 8 de Diciembre, en el Km. 9 Monday de CDE. En la época ambos estaban en una motocicleta cuando interceptaron al menor en la calle. “Ñoquis” bajó del biciclo y comenzó una discusión con la víctima por causa de “problemas de pollera”. Cuando el menor quisó correr fue baleado en la espalda y cayó muerto en el lugar. Dávalos Portillo, que actuó como cómplice y chofer de fuga, fue detenido por la Policía Nacional poco después del crimen. Portillo Acosta estuvo prófugo hasta julio del 2.015 y en junio del 2.016 intentó fugarse de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este con otro interno. En su intento de fuga saltó al patio de la Jefatura de Policía y fue pillado por un oficial que se encontraba de guardia.

TAVAPY (Especial) Fuentes confiables señalan que altos jefes policiales del Alto Paraná están buscando la manera de “justificar” la ilegal aprehensión del abogado Walter Acosta, el viernes último en éste distrito. El letrado había sido detenido al intentar defender los intereses de su cliente, en el marco de una invasión de tierras propiciada por el ciudadano Marcio Luis Klassmann, en perjuicio de la empresa Agroindustrial Tres Fronteras.
Fuentes confidenciales indican que Marcio Luis Klassmann y otras personas que con él ingresaron a invadir un inmueble, propiedad privada de la firma Agroindustrial Tres Fronteras y que desembocó en la ilegal privación de libertad del abogado de dicha empresa en la localidad de Tavapy el viernes último, fueron convocadas a la Jefatura de Policía del Alto Paraná.
La “estrategia” de los uniformados sería hacer declarar ante la prensa (y en una denuncia policial) que el abogado aprehendido (Walter Acosta) los habría amenazado y amedrentado, y que habría actuado con mucha violencia. Con esto se buscaría justificar el ilícito actuar del Suboficial abogado Osmar González Rojas, asesor jurídico de la Jefatura de Policía del Alto Paraná y del Jefe de la Comisaría de Tavapy 2, quienes se atribuyeron funciones de Agentes fiscales al ordenar la detención del abogado Walter Acosta. En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, puede observarse cuando un funcionario policial del Grupo Especial de Operaciones (GEO) dependiente de la Jefatura de Policía del Alto Paraná le manifiesta al abogado en cuestión que se dé por “detenido” al momento de ponerle las esposas a pesar de que se observa claramente al profesional del derecho que en forma pacífica intenta explicar a los policías que el Oficio Judicial con el cual al final ingresaron a un invasor a una propiedad privada se refería a otro inmueble ubicado en Santa Rosa del Monday.
Cabe señalar que el Art. 240 del Código Procesal Penal solamente faculta a los Agentes Fiscales a ordenar la Detención Preventiva, y los funcionarios policiales en ningún caso tienen dicha potestad. Es evidente que el asesor jurídico de la Policía Nacional, al ser abogado, actuó con conocimiento de causa, sabiendo muy bien que no tenía facultad para hacerlo. La Policía Nacional sí hubiera podido aprehender al citado profesional si es que al momento de ser privado de su libertad hubiera estado cometiendo en flagrancia un hecho punible, sin embargo, como puede observarse claramente en el video viralizado en las redes sociales, el abogado Walter Acosta hizo apenas una explicación respetuosa de su posición legal a los intervinientes, realizando una resistencia pasiva, la cual no es relevante para el derecho penal y por ende, no amerita la privación de su libertad.
En el Parte Policial en virtud del cual la Policía Nacional pretende justificar su actuación, sostiene que se lo privó de su libertad al profesional del Derecho porque fue “muy maleducado y les dijo palabras irreproducibles a los intervinientes”, y que habría amenazado con quemar las máquinas de los invasores. Aún ateniéndonos expresamente al informe policial y sin cuestionar su veracidad, la mala educación no está penada por el Código Penal como tal, como tampoco las posibles agresiones verbales, en cuanto a la amenaza, es un hecho punible de Acción Penal Privada que sólo es perseguible por Querella Autónoma a ser presentada por escrito por el propio afectado pero sin intervención de la Fiscalía ni la Policía Nacional.
Además, en la intervención policial se han roto todos los protocolos oficiales como son la comunicación previa y obligatoria a la Fiscalía y la Dirección de Derechos Humanos. Sin duda esta nueva gran metida de pata de la Policía Nacional los tiene en zozobra a todos en la Jefatura de la Policía del Este, quienes ahora estarían buscando embarrar la cancha para intentar de que lo que han hecho cause el menor impacto posible en la opinión pública, en este caso, la estrategia sería buscar dañar la reputación del abogado Walter Acosta y exponerlo como si fuera una persona violenta y peligrosa, lo que sí justificaría en su caso que se lo haya privado de su libertad.
Acosta, quien ya recuperó su libertad, señaló que “lamentablemente una vez más nuestra Policía cae bajo el influjo de la corrupción y las coimas, actuando más como matones a sueldo que como la fuerza pública que debiera garantizar nuestra seguridad y encima, busca quedar impune por su ilegítimo actuar recurriendo a la mentira y al engaño”.

INVASIÓN DE
INMUEBLE AJENO
Cabe recordar que la invasión de la finca ajena, de parte de Marcio Luis Klassmann, se efectuó en base una medida de urgencia, en el marco de un juicio de Amparo, otorgada por el juez Julio Alejandro Avalos Crovato, de Santa Rita.
Klassmann señaló en su presentación que pretendía la posesión de un inmueble individualizado como Finca Nro. 10.068 del Distrito de Santa Rosa del Monday, sin embargo, lo que hizo fue invadir otro inmueble, que está ubicado en otro distrito, y está individualizado con la Matrícula K/21 1136 del Distrito de Tavapy y es propiedad de la firma Agro Industrial Tres Fronteras. La invasión se consumó el viernes último, con la consabida detención del abogado Walter Acosta, quien intentó impedirlo pacíficamente.

Para la abogada Rosse Maldonado, representante legal de la señora Edith Natalia Benítez, lo que hizo el grupo de persona es un verdadero atropello. “Ellos no vinieron con buenas intenciones, en todo momento actuaron con violencia, maltratando a todos e incluso a los miembros de la Policía Nacional, están buscando la forma de incidentar y seguir creando conflicto”, explicó.
Al decir de la profesional del derecho no caben dudas de que fueron enviados por Nivaldo Euriques pues la prueba más fehaciente es que entre ellos estaba el propio hijo. Se preguntó qué iba a suceder si es que la finca no contaba con custodia de los miembros de la Policía Nacional.
“Aquí la única dueña de la propiedad es la señor Benítez, es cierto existe un contrato de compra ella y el señor Euriques, pero él solamente pagó un millón de dólares y el final de la transacción debía ser de más de 3 millones dólares y nadie te puede transferir absolutamente nada si es que no pagas tu deuda”, indicó la abogada.
Se preguntó además del porqué ellos no litigan el caso en los estrados judiciales. “Ellos están recusando todos los jueces que están es con el único objetivo de chicanear, están litigando de mala fe, no buscan la forma de que un juez haga su trabajo como corresponde”, finalizó.