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Un comerciante coreano fue acusado por el fiscal Carlos Almada por la supuesta comisión de los hechos punibles de abandono y violación del deber del cuidado de ancianos o discapacitados. Se trata de Marcos Min Kin (24). El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías, a cargo de Dólica Giménez de Liuzzi.
Según los antecedentes, el acusado habría abandonado a su madre enferma, Hui Sun Kim, en un colchón en el piso, en el apartamento 2 del tercer piso del edificio Escorpio, ubicado en la calle Emiliano R. Fernández del centro de Ciudad del Este. “La mujer presentaba aspecto bastante deteriorado con coloración blanquecina amarillenta de piel y mucosa, ambos miembros inferiores se encontraban con signos de infección y pérdida de sustancia y microsis en ambos pies hasta la altura de los talones”, señalaba el diagnóstico del médico forense Eduardo Cano. Una comitiva encabezada por el fiscal Carlos Almada se constituyó hasta el edificio en mención el 12 de setiembre de 2016 y pudo comprobar la veracidad de la denuncia, que fuera presentada por los vecinos del lugar. En base a estos elementos, el representante público inicialmente había imputado al oriental y ahora formuló la acusación correspondiente.

La fiscal Cinthia Leiva Cardozo, de la Unidad Penal de turno, requirió la prisión preventiva del ciudadano Santiago Ramírez Ortiz, a quien imputó por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado. El procesado se encuentra privado de su libertad en la Jefatura de Policía del Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías de turno.
Según el acta de imputación, el sospechoso y otros tres desconocidos tomaron por asalto la vivienda de Nery Ariel Vázquez, el pasado 6 de marzo del presente año, a las 18:00 horas aproximadamente, y robaron a mano armada una motocicleta, de la marca Taiga. Además de un rifle calibre 22 mm y una máquina de choque eléctrico, según obra en la carpeta de investigación.
Tras cometer el asalto, los supuestos autores huyeron del lugar hasta que el 12 de marzo la víctima se presentó en sede policial y manifestó haber reconocido a Santiago Ramírez Ortiz, a través de fotografías, como uno de los implicados en el ilícito.
El presunto delincuente fue aprehendido por agentes policiales de la zona, luego fue imputado y ahora está recluido con pedido de prisión preventiva.

Un joven procesado por supuestamente abusar de su primo menor de edad fue sobreseído definitivamente en el caso durante juicio oral y público. Durante el proceso que fue elevado a tal etapa recién cuatro meses antes que se extinga la causa, la Fiscalía no pudo comprobar nada contra el reo. El juzgamiento concluyó ayer al mediodía en la sede del Tribunal Penal de Ciudad del Este.
El que salió sobreseído definitivamente de cualquier culpa y pena es el joven Cristhian Miranda Sosa (24), quien soportaba un proceso por supuestamente abusar de un primo de 10 años de edad. El tribunal integrado por Zunilda Martínez, Mónica Rivas, y Fátima Burró, tomó la decisión de sobreseerlo al no haber elementos suficientes por parte del Ministerio Público para condenarlo. La Fiscalía fue representada por el fiscal Hugo Vázquez, que asumió la causa recientemente.
Según los antecedentes, el 26 de marzo del 2.013, Miranda fue denunciado por sus propios familiares por supuestamente abusar de su primo menor en una zona despoblada de la colonia Itaverá, distrito de Domingo Martínez de Irala. La denuncia indicaba que el procesado se encontraba al mando de una motocicleta cuando encontró a su pariente caminando en dirección a la casa de una tía. Entonces se ofreció para llevarlo, pero en el trayecto se detuvo en un yuyal con la excusa de querer orinar.
Allí se bajó el pantalón e hizo lo mismo con su primo. Luego asomó su miembro erecto por la nalga del menor y se masturbó hasta eyacular sobre el mismo. Antes de salir del lugar también masturbó a la víctima y le dio G. 10.000 para que guarde silencio. Tras ser detenido Miranda declaró que fue el menor quien le propuso detenerse para masturbarse mutuamente y luego le pidió dinero para poder comprar golosinas.

El exfiscal de Santa Rita y actual fiscal de San Lorenzo, Roberto Velázquez Vezzetti, procesado por un caso de extorsión contra el propietario de un supermercado deberá sentarse en el banquillo de los acusados casi una década después de ser denunciado. El representante del Ministerio Público había dilatado lo máximo posible la causa buscando su extinción, pero un Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este confirmó la elevación de la causa a juicio oral y público. Ahora falta definir la fecha del inicio del contradictorio.
Velázquez Vezzeti había sido acusado por sus colegas de la unidad de Delitos Económicos, Aldo Cantero y Liliana Alcaraz, por extorsión. La causa se remonta a diciembre del 2008, cuando se desempeñaba como fiscal en la ciudad de Santa Rita y fue denunciado por el comerciante Francisco Filiponi, propietario de supermercado “Primavera” de esa ciudad.
Acorde a la denuncia radicada en la época el fiscal exigió a Filiponi la suma de US$ 1.500 para no investigarlo por contrabando. Los encargados de ir a cobrar la coima fueron el oficial primero Carlos Antonio Arevalos Duarte y el suboficial Silvano de Jesús Méndez Franco, entonces agentes de la Comisaría 18a. Al ser indagados por la Fiscalía los uniformados dijeron que fueron enviados por el fiscal Velázquez para retirar el dinero a su nombre.
Velázquez siempre negó cualquier relación y buscó todas las formas de dilatar el proceso para buscar la extinción. En octubre del 2.015 el juez Bernardo Silva, de Santa Rita, decretó su rebeldía y ordenó su captura por no presentarse a una audiencia alegando que tenía un juicio oral. Pese a la grave denuncia en su contra, incluso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Velázquez jamás fue apartado del cargo y como “castigo” solo fue trasladado a San Lorenzo, donde se trabaja hasta la fecha.

TAVAPY. El empresario Luciano Perier, quien intenta usurpar unas 1.760 hectáreas, propiedad de la Fundación Perier, ubicadas en éste distrito, presentó un nuevo y desesperado recurso judicial ante el juzgado civil de Santa Rita, para intentar mantener la medida cautelar de prohibición de innovar y resguardo del inmueble, y así seguir contando con la presencia de los efectivos de la Agrupación Ecológica y Rural APER de la Policía Nacional en la propiedad, quienes son pagados por Perier para impedir que la Fundación pueda usufructuar de las tierras que legítimamente le pertenecen.
El empresario Luciano Perier, hijo desheredado del francés Francis Perier (+), quien había cedido las tierras en carácter de donación a la Fundación que lleva su nombre, presentó una nueva demanda judicial (interdicto de retener la posesión), ante el juzgado civil del magistrado Julio Avalos Crovato, de Santa Rita. Representantes legales de la Fundación Perier indicaron que se trata de una medida “desesperada” de Perier, atendiendo que busca mantener a los efectivos de la APER, a quienes les paga 13 millones de guaraníes mensuales para custodiar la propiedad y de esta manera seguir explotando ilegalmente las tierras, que por ley y derecho pertenecen a la Fundación Perier. En ese sentido, es oportuno recordar que Luciano había sido “desheredado” por su padre Francis (+) en su testamento, por ser considerado “indigno” por su propio progenitor, según consta en la última voluntad del fallecido.
Respecto a la nueva demanda planteada por Luciano, la abogada Paola Ayumi Horita, en representación de la fundación, ya presentó la debida recusación ante el juzgado, por considerarla totalmente improcedente. Recordemos igualmente que Perier había celebrado un contrato sin validez con un inquilino ilegal, maniobra mediante la cual obtuvo varias medidas cautelares para permanecer con la posesión ilegal del inmueble: administración judicial (revocado por la Fundación el 21 de abril del 2015), retención de inmueble (la fundación apeló y logró sacar su caducidad), sentencia de desalojo, que no se puede cumplir porque Perier y los Guntzel simulaban actos de posesión por medio de contratos de alquileres inválidos celebrados entre los mismos. Finalmente el inquilino ilegal (Onorio Guntzel) se retiró, pero ahora Perier quiere tomar posesión de las tierras, cosa que jamás tuvo y no corresponde en derecho, aseguran los abogados de la Fundación.
Asimismo Luciano Perier obtuvo un amparo constitucional sobre el inmueble, simulando ser poseedor, en enero del 2017, declarando falsamente que hay invasores apostados en el lindero del inmueble para obtener el amparo y como Medida Cautelar ilegal consiguió que se le designe de nuevo a la APER (Agrupación Ecológica y Rural de la Policía Nacional) como custodios del inmueble.
Ante esto, los representantes legales de la Fundación Perier han enviado notas a la Comandancia de la Policía Nacional para que desocupen el inmueble, ya que no tienen autorización de la propietaria (la Fundación Perier) para estar en el inmueble, y asimismo la estadía de la APER en el terreno de la Fundación no cumple con las finalidades establecidas en su propia carta orgánica policial.
Cabe indicar además que la Fundación, que posee el título de propiedad del inmueble en cuestión, obtuvo una medida cautelar, el 15 de febrero de éste año, por la cual el juez de Hernandarias, Aníbal Duarte, prohíbe cualquier acto sobre el inmueble, sin su autorización, medida que tampoco es respetada por Luciano Perier y sus cómplices. No obstante, actualmente la Fundación no puede ingresar a su propiedad por invasión y atropello liderado por la propia Policía APER y Luciano Perier.

Bajo un fuerte esquema de seguridad se dio inicio al juicio oral y público de dos brasileños y un paraguayo acusados de querer atracar un carro fuerte para robar unos G. 1.000 millones pertenecientes a la recaudación de un supermercado. Entre los procesados se encuentra un presunto miembro del Primeiro Comando da Capital (PCC), fugado de una cárcel de máxima seguridad de la Argentina e involucrado en varios asaltos a entes financieros e incluso secuestros. La seguridad fue reforzada ante rumores de un presunto intento de rescate. El juzgamiento debe proseguir el próximo 21 de marzo.
El sistema de seguridad del Tribunal Penal de Ciudad del Este fue reforzado ayer al mediodía por la Policía Nacional para el juzgamiento del paraguayo Alberto Roa y los brasileños Thiago Ximenez, alias “Matrix”, y José Carlos De Almeida. El primero de los extranjeros citados es presunto miembro del PCC y es considerado de alta peligrosidad por sus antecedentes tanto en Paraguay, como en Brasil y Argentina. El tribunal integrado por las jueces Carmen Barrios, Norma Girala, y Mirtha Aguayo solicitó mayor protección ante rumores de un presunto plan para rescatar a los reos.
Ximenez, De Almeida y Roa fueron acusados por la fiscal Lolia Zunilda Martínez por tentativa de robo agravado. Los tres fueron detenidos el 14 de junio del 2.014 sobre la avenida Amado Benítez, en inmediaciones del supermercado Stock del barrio San José. En la ocasión los mismos se encontraban a bordo de un automóvil Nissan March cuando fueron interceptados por agentes de Investigación de Delitos. La información que manejaban los investigadores indicaba que una gavilla liderada por Ximénez tenía intenciones de atracar un carro fuerte de la empresa Prosegur que debía transportar más de G. 1.000 millones pertenecientes a la recaudación del citado supermercado. Dentro del rodado de los sospechosos se hallaron tres pistolas.

DE LA PESADA
Thiago Ximénez, alias “Matrix”, es considerado un delincuente “de la pesada” por las autoridades. Antes de ser detenido se vio involucrado en varios hechos delictivos registrados en Paraguay, Brasil y Argentina.
En agosto del 2.013 se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina. Pocos meses después, en enero del 2.014, lideró a una gavilla que asaltó y robó R$ 120.000 de un carro fuerte en el centro de Foz de Iguazú. Tras el asalto atravesó el río Paraná en lancha con varios de sus cómplices y se instaló en Ciudad del Este. En junio del mismo año fue detenido por el caso en el cual es juzgado, pero recuperó su libertad días después. En noviembre, también del 2.014, participó de un asalto con toma de rehén en la ciudad de Santa Rita, cuando nuevamente fue aprehendido.
Tras su detención también se lo sindicó de participar en el secuestro del empresario funebrero Luis Nuñez, dueño de la funeraria Núñez de Pdte. Franco. El plagio ocurrió en noviembre del 2.013.
Los secuestradores pidieron inicialmente un rescate de US$ 500.000 que luego bajó a US$ 200.000, pero la víctima fue liberada tres días después sin el pago de rescate.

Un Tribunal condenó ayer a 7 años de prisión a un hombre, al encontrarlo culpable por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes durante un juicio oral y público realizado en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El condenado está identificado como Blas Ramón Ojeda Carballo (41). El fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, fundamentó la acusación durante la audiencia pública con pruebas documentales y testificales, demostrando así la responsabilidad penal de Ojeda Carballo en la participación del hecho punible. En base a estos elementos, los magistrados Herminio Montiel, Efrén Giménez y Evangelina Villalba, integrantes del Tribunal de Sentencia, dictaron el fallo condenatorio.
El ahora condenado fue detenido el 14 de junio de 2013, a las 01:40 horas aproximadamente, con 534 kilos de marihuana, distribuidos en 895 panes durante un procedimiento efectuado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. La intervención se realizó en una calle sin denominación, en las inmediaciones de Country Santa Elena de Hernan-darias, a unos mil metros de la supercarretera. La droga estaba oculta en el doble fondo de un camión, de la marca Toyota Dina, de color blanco, chapa ABO 025, que estaba al mando de Blas Ramón Ojeda Carballo.

A 5 años de pena privativa de libertad fue condenado un hombre como coautor de un hecho punible de robo agravado. Se trata de Rubén Darío Martínez Rivas (28). La sentencia se dio a conocer ayer durante un juicio oral y público realizado en la sede penal del Poder Judicial de Ciudad del Este. La fiscal Carolina Rosa Gadea, en representación del Ministerio Público, presentó durante el debate pruebas documentales y testificales contra el acusado.
Consecuentemente, el Tribunal Colegiado de Sentencia, conformado por Zunilda Martínez, Haydée Barboza y Mónica Rivas, dictó la condena de 5 años.
El hombre fue aprehendido el 26 de marzo de 2015 por agentes de la comisaría 8ª del distrito de Minga Guazú, luego de participar de un atraco armado ocurrido en una calle del kilómetro 20 Acaray del citado municipio. En la oportunidad, la víctima Richard David Ibarra Roa (19) fue despojada de su moto, de la marca Kenton GTR 150 DLX, año 2011, de color rojo, sin chapa, tras ser atacado por Martínez Rivas y un sujeto desconocido, quien fue el que encañonó a la víctima para despojarlo del biciclo.
Tras la denuncia, agentes policiales de la zona pudieron detener a Rubén Darío Martínez Rivas y recuperaron de un yuyal la motocicleta Mientras, el autor directo del atraco nunca pudo ser identificado.

 

La agente fiscal Juliana Giménez Portillo, de la Unidad Penal número 1, solicitó la prisión preventiva del ciudadano Benigno Javier Sosa Ramírez, a quien imputó por la supuesta comisión del hecho punible contra la propiedad (robo agravado).
El hombre fue aprehendido este 11 de marzo último, a las 17:00 horas aproximadamente, por agentes policiales de la comisaría 3ª del barrio Obrero de Ciudad del Este. Fue luego de consumar supuestamente un atraco armado en perjuicio de Benigno Javier Sosa Ramírez, a quien le despojó de sus pertenencias.
Según el acta de imputación, el presunto criminal atacó a la víctima y luego le aplicó una herida en la espalda con un destornillador para perpetrar el ilícito. El hecho se produjo sobre la calle 1º de Mayo y 4 de Julio del citado barrio de la capital del Alto Paraná.
Tras la denuncia, agentes policiales de la zona iniciaron un rastrillaje y pudieron detener al presunto autor del hecho punible, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Tras la imputación, la fiscal Juliana Giménez pidió 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.

 

La fiscal Mónica Larroza Romero, de la Unidad Zonal de Yguazú, imputó a Oracio Cristino Martínez González (52) por la supuesta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa y producción de riesgos comunes. De igual forma, la representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, quien permanece recluido en la Jefatura de Policía del Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
El sospechado está sindicado de haber baleado a Antonio Darío Alvarenga durante un juego de naipes (truco) celebrado en una vivienda del barrio Ko’e Rory del distrito de Juan E. O’leary, este 11 de marzo, a las 23:30 horas aproximadamente.
Según la investigación, primeramente se inició una discusión entre Oracio Cristino y un desconocido por el pago de una cerveza, hasta que se trenzaron a golpes de puños y puntapiés Luego, los demás participantes del juego redujeron al primero, a quien agredieron, aplicándole incluso una puñalada por la espalda.
Acto seguido, el ahora imputado corrió hasta su automóvil, se apoderó de un arma de fuego y realizó varios disparos, impactando uno de los proyectiles en la humanidad de Alvarenga, quien fue socorrido y trasladado a un centro asistencial. A su vez, el agresor fue reducido por los vecinos y entregado a agentes policiales de la comisaría de la zona y quedó a disposición del Ministerio Público.