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Arlan Fick (16) cumple cuatro meses secuestrado en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El joven fue llevado a la fuerza el 2 de abril pasado de su casa en Paso Tuyá por el grupo criminal, que posteriormente pidió un millonario rescate, y hoy cumple 122 días secuestrado. Los Fick pagaron US$ 500.000 en efectivo y US$ 50.000 en víveres para comunidades humildes de la zona norte del país. Sin embargo, el EPP no cumplió en liberar a Arlan.
Los endebles esfuerzos que hace la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) son insuficientes para dar con el paradero del menor. Según el ministro del Interior, Francisco de Vargas, supuestos reportes de inteligencia le dan la certeza de que el joven sigue vivo, pero el joven no puede ser ubicado. Lo real y concreto es que desde el 12 de abril, cuando los Fick pagaron la totalidad del rescate, los secuestradores nunca más se comunicaron con ellos.

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CORRECCIONES
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, advirtió en Concepción que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) deberá hacer correcciones urgentes en el combate contra el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
De Vargas prometió a las familias de los dos secuestrados que el Gobierno hará todo lo posible para recuperarlos con vida. Dijo que toman como un desafío las críticas de la ciudadanía. La comitiva, encabezada por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, y el comandante de la Policía, comisario general comandante Francisco Alvarenga, arribó al aeropuerto de Concepción, desde donde se trasladó por tierra al destacamento del Grupo Táctico Halcón de la Policía y después a la comisaría 21ª, ambas en la localidad de Kurusu de Hierro.
Posteriormente, fueron a la colonia Paso Tuyá, donde De Vargas y Alvarenga se reunieron con Álcido Fick, padre del menor Arlan Fick Bremm, quien hoy cumple 122 días en cautiverio.
El ministro se volvió a comprometer con la familia del menor a poner todo el esmero necesario para rescatarlo, ya que el caso sigue siendo una prioridad para el Gobierno. El recorrido también incluyó visitas a la comisaría 14ª de Azote’y y a la comisaría 7ª de Yby Yaú.
Otra parada de la comitiva fue en la casa del suboficial 2ª Edelio Morínigo Florenciano, en la localidad de Arroyito, donde De Vargas les prometió a los padres del uniformado que lo traerían de vuelta. El efectivo está desaparecido hace 27 días. La vivienda del suboficial secuestrado se encuentra a 1.600 metros de la Ruta V, en la zona de Calle 18, muy cerca de la estancia “La Novia”, escenario de la última aparición del EPP que atacó a tiros el vehículo táctico blindado de la Policía el domingo de tarde. Finalmente, el secretario de Estado se reunió en la ciudad de Concepción con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), general de División Mario Restituto González, y con el equipo de inteligencia del departamento Antisecuestro de la Policía.

Sigue bajo hermetismo total la investigación del caso del asesinato de Sonia Doutreleau. Existe una prohibición de dar a conocer las diligencias y por el momento hay cinco imputados. Hasta el momento están procesados por este caso Celia María Maidana, su pareja Gustavo Vidal Noguera y el sobrino de la mujer, César Maidana Bazán. También están imputados Gustavo Insfrán y su novia María Gabriela Villalba.
Entre las últimas diligencias está la audiencia de revisión de medidas de Gustavo Insfrán, que se debía llevar a cabo el jueves pasado, pero por falta de un móvil penitenciario la misma se suspendió. Ahora, el juez del caso, Miguel Tadeo Fernández, debe volver a fijar una nueva fecha para la diligencia.
Entretanto, hay un pedido fiscal avalado por el juez para tomar muestras de cabello de Celia Maidana y los otros imputados varones, a fin de compararlas con las muestras tomadas de la escena del crimen. Sonia Doutreleau fue asesinada de 33 puñaladas el 23 de junio pasado, en su oficina, sede de Capaclor, ubicada en Pitiantuta casi Mcal. López de la capital. Si bien en un primer momento el caso apuntó a que se trató de un crimen en el marco de un asalto, luego Celia Maidana apareció como sospechosa del hecho.
Con el correr de los días todas las investigaciones de la fiscalía apuntaron a que Celia, su pareja y su sobrino, eran los principales sospechosos del hecho. Después cayó la otra pareja y con eso la policía cerró el círculo de las pesquisas a nivel policial. Ahora todo se encuentra en el campo de la Fiscalía.

MAYOR OTAÑO, ITAPÚA (Sergio Rubinich, enviado especial) Una rosca integrada por políticos y autoridades judiciales está buscando usurpar una estancia adquirida legalmente por un ciudadano brasileño y de un valor que supera los 10 millones de dólares. Ayer la Policía efectuó un violento desalojo en el lugar, por decisión de la cámara de Apelaciones de Encarnación, que dio lugar a la apelación de una antigua arrendataria, quien meses atrás ya había desistido de su derecho de posesión vía escribanía. En el caso estarían involucrados el político Luis Aníbal Schupp, el diputado Mario Cáceres e incluso al presidente en ejercicio Juan Afara.

La propiedad en litigio está ubicada en éste distrito y posee una dimensión de 1742 hectáreas. El legítimo propietario es el brasileño Vilmar Heisen, quien adquirió el inmueble el 23 de agosto del año pasado del ciudadano alemán Karl Anton Haussler, por valor de U$S 10.500.00. Luego, Vilmar pasó la propiedad a nombre de su hijo, Joel Heisen Hittler, como anticipo de herencia.
El inmueble en cuestión era arrendado por la señora María Magdalena Díaz de Virk, oriunda de Santa Rita, quien ya había contraído una deuda de 800 mil dólares, en concepto de arrendamiento. Por tal motivo, se embargó la cosecha de soja de la misma, pero luego, la mujer entró en acuerdo con el propietario, quien le condonó la deuda. Entonces, por escritura pública, el día 4 de Febrero de éste año, Díaz de Virk entrega la posesión de arrendamiento, dándosele tiempo hasta marzo, para retirar su cosecha de soja. Sin embargo, en ese mes, aparece el intendente de San Carlos del Apa, Luis Aníbal Schupp, en compañía de cuatro capangas fuertemente armados, y expulsa a los personales del señor Vilmar Heisen, apropiándose de la estancia.
Ante esta situación, la víctima contrató los servicios del abogado Arnaldo Gaona, quien planteó un interdicto de recuperar la posesión denominado “Vilmar Heisen contra Luis Anibal Schupp Medina sobre interdicto de recobrar la posesión”. El caso fue tratado en el Juzgado de María Auxiliadora de primera instancia, donde la jueza ordenó la inmediata restitución del inmueble a su dueño, en fecha 30 de mayo.
Vilmar recobra la posesión de la estancia y alquila 1200 hectáreas mecanizadas al productor Itamar Betto. Sin embargo, Luis Anibal Schupp es notificado, quien entonces acciona a su abogado, Ricardo González Forcado, cuñado del diputado Mario Cáceres, socio comercial del presidente en ejercicio, Juan Afara, quien por su vez es socio comercial de Luis Aníbal Schupp.
Schupp y su abogado plantean una apelación y reposición de inmueble, llegando el caso a la Cámara de Apelaciones de Encarnación. Los camaristas César Cáceres, Miguel Vargas y César Roig ordenan entonces la entrega de la posesión del inmueble a la ex arrendataria, María Magdalena Díaz de Virk, quien ya había entregado por escritura pública y entregado la posesión de la estancia. La misma siquiera es parte del juicio de interdicto, pero eso no impidió a los camaristas de tomar su decisión, ordenando a la Policía que se desaloje a los Heisen. Ayer, unos 200 efectivos policiales, llegaron hasta la estancia para practicar el desalojo. Incluso tenían orden de detención del señor Vilmar y su hijo Joel. Como la supuesta beneficiaria no se encontraba, la posesión de la propiedad fue entregada al abogado Ricardo González Forcado.

ABERRANTE SITUACIÓN
Ante esta situación, el abogado de las víctimas anunció que pedirán la destitución de los 3 camaristas por prevaricato, mal desempeño en sus funciones e ignorancia supina del derecho. Igualmente se pedirá la destitución del juez Juan Carlos Casco Amarilla, juez del quinto turno en lo comercial de Encarnación, quien está agregado en el interdicto, además de la destitución del diputado Mario Cáceres y el juicio político al vicepresidente de la república, por tráfico de influencias. El abogado calificó de “muy llamativo” que el desalojo se haga justo cuando Afara está ejerciendo la presidencia de la Nación (Horacio Cartes está en Venezuela, participando de la Cumbre del Mercosur).
“Mañana (por hoy) nos reuniremos con el cónsul general del Brasil, Flavio Bonsanini, para informarlo de esta situación. También el embajador brasileño en Paraguay está en conocimiento e indignado. Los antecedentes de este caso serán derivados a Brasilia. Conversé con el abogado Mauro Barreto, asesor del consulado brasileño, quien también prometió que le dará un seguimiento a este caso”, afirmó el abogado Gaona. “Lo que está pasando es como en la época de la más cruenta dictadura, ayer 50 motociclistas sin chapa ingresaron a las tierras del señor Vilmar, mataron animales, depredaron todo lo que había en el lugar. Es una situación lamentable, donde se nota el tráfico de influencias de personeros políticos, hasta el más alto nivel, quienes operan para beneficiar a sus grupos de poder”, enfatizó el letrado.