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Un amparo constitucional contra la Itaipu fue presentado ayer por los diarios TN Press, La Jornada y ADN Paraguayo, para así intentar frenar el intento de monopolio de los avisos a favor de los diarios ABC Color y Vanguardia. El pliego de bases y condiciones fue direccionado de tal manera que todas las publicidades de la Binacional sean publicadas exclusivamente en los mencionados dos medios de prensa, que forman parte del grupo empresarial AZ (Aldo Zucolillo).
El amparo fue presentado por los abogados Carlos Derlis Riveros Cazal, Oscar Riveros Cazal, y Evelio Zarza Molinas, en representación de los dos diarios TN Press y La Jornada; y ADN Paraguayo. El amparo, establecido en el artículo 134 de la Constitución Nacional, tiene por objetivo frenar el intento de establecer un nefasto monopolio por parte de la Itaipu a favor de los dos mencionados medios de prensa escritos, que acapararán el 100% de los avisos institucionales de la entidad binacional. El concurso de precios identificado como NA-0924-14 es para la contratación de una agencia de publicidad a través de la cual se van a publicar los avisos institucionales de la Entidad, que están divididos en dos lotes.  Lote 1: “diario de gran circulación nacional” y Lote 2: “diario de circulación regional (Alto Paraná)”. Evidentemente, la binacional está direccionando el proceso de contratación hacia los diarios ABC Color y Vanguardia que son del grupo AZ. “Entendemos que el objetivo real de la convocante (Itaipú) es entregar el servicio publicitario a una determinada empresa y a través de esta direccionar los medios por los cuales se realizarán dichas publicaciones, lo cual estamos seguros serán el diario ABC Color y el diario Vanguardia, nacional y local respectivamente, ambos medios de un mismo grupo empresarial, con lo cual se excluye a los demás medios de cualquier posibilidad de participación en dicho servicios publicitarios”, dice parte del escrito presentado ayer. “De mantener el llamado en las condiciones actuales; es decir, simulándola para contratar un medio publicitario a través del cual se direccionaran los recursos que en materia de publicaciones  prevé la Itaipú Binacional se estaría afectando varios derechos y garantías que otorgan la propia Constitución Nacional y las leyes “, añade el amparo presentado.

APERTURA DE SOBRES
Para hoy a las 08:00 está prevista la apertura de los sobres con las ofertas del concurso, en una de las dependencias de la Binacional, en la ciudad de Hernandarias.
Si bien el superintendente de compras adjunto, Blas Mazacotte Centurión, sostiene en una nota que supuestamente el concurso es para la publicación en diarios (plural), curiosamente en el texto del Pliego de Bases y Condiciones claramente dice “diario”, en singular.
Con esta excusa, intentaron justificar la vil manipulación del proceso hacia los medios de prensa que forman parte de un poderoso grupo empresarial, que así establecería un “poder hegemónico” sobre toda la publicidad de Itaipu, en detrimento de la opinión pública, que tiene el pleno derecho de informarse en los medios de su predilección.

Actualmente Paraguay está pagando un 40% más a la hora de acceder a internet, ya que le cuesta 40 dólares comprar cada megabit por segundo, que lo convierte a su vez en el segundo precio más caro en toda América. “Tendencias de oferta de banda ancha fija en América Latina” es el estudio que así lo asegura y fue expuesto en el Primer Foro Regional de Conectividad de las Américas, en el Bourbon.
La mayoría de los países se encuentra en la media de 20 US$ por cada compra de megabits, pero se dan importantes excepciones como el que los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se refleja en mayores precios finales de acceso, que elevan el precio, mencionó Hernán Galperin, experto de la Universidad San Andrés, Argentina que informó del estudio.
El Paraguay solo es superado por Bolivia, que accede a la web por 77 dólares por cada mbps. El alto precio es en concepto de transporte y la logística por la mediterraneidad. Al respecto, el presidente de la Conatel, Eduardo González, indicó que están avanzadas las negociaciones para una alianza con el estado de Paraná de Brasil, que tiene salida propia de conexión a la red de redes. “Es necesario el desarrollo de capilaridad, buscar salida también por Bolivia y convertirnos en un hub en la región para unir ambos océanos como un centro de infraestructura como proveedor de contenidos”, significó sobre la oportunidad que tiene el país ante la problemática.

Por otra parte, en el foro, el gobierno anunció que entre las prioridades está el tener un 80% de la población conectada a banda ancha y tecnologías equivalentes para el 2030, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 que pretende impulsar. Con esto, principalmente la inversión destinada será al área rural donde reside el 40% de la población mencionada más arriba mencionaron las autoridades.

En julio de este año, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Hacienda (MH) consideró que siete nuevos proyectos reunían los requisitos de viabilidad para ser desarrollados en el marco de la inversión pública nacional. La implementación de estos proyectos significará en los próximos años una inyección de recursos a la economía nacional equivalente a 2,3 billones de guaraníes. La declaración de viabilidad de estos nuevos proyectos posibilita a las instituciones solicitantes a concretar el inicio de los trabajos de pre-inversión y en algunos casos más avanzados ya pueden iniciar el desarrollo de la inversión.
Los proyectos tendrán un impacto muy significativo en la generación de empleos, en el  aumento de los ingresos de las familias rurales en estado vulnerable, en el acceso a sistemas de agua potable y en la modernización y mejora de la infraestructura vial. En cuanto a la distribución de montos, el 66 por ciento de lo aprobado corresponde a infraestructura de energía, el 26 por ciento a infraestructura vial, el 7 por ciento a proyectos de agricultura y otros 1 por ciento.

CONSTRUCCION DE CÁRCEL
ESTÁ ENTRE LOS PROYECTOS
La Construcción de una nueva Penitenciaría Regional de Ciudad del Este (MJ): surge ante la urgente necesidad de dotar a la Zona Este del país, particularmente a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, de un nuevo establecimiento penitenciario tendiente a eliminar el grave hacinamiento existente actualmente en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Ante dicha problemática, se formula el presente proyecto para la Construcción de la nueva Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el distrito de Minga Guazú (Kilómetro 21, Ruta N° 7), Departamento de Alto Paraná. El costo estimativo de la obra asciende a G. 53,8 mil millones. También fue aprobado el levantamiento de Fichas Sociales a las familias de los Distritos más pobres de la Región Oriental (STP): tiene como objetivo realizar un relevamiento de las características socio-demográficas y económicas de la población en situación de pobreza de los 110 distritos más pobres del país ubicados en los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guaira, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú para su posterior análisis. Se estima construir una línea de base de 100.000 familias en el segundo semestre del 2014, los cuales, una vez procesados servirá para la toma de decisiones de la política social. Este proyecto requerirá una inversión de G. 9 mil millones y tendrá una duración de 6 meses.

El asesor jurídico de la comuna de Ciudad del Este, afirmó que recomendará a la intendenta municipal Sandra Zacarías, la presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la Cámara de Senadores, de una comisión para investigar supuestas denuncias en contra de la administración municipal.  El mismo recordó que si esto no se declara inconstitucional será un nefasto antecedente para todas las instituciones públicas del país. Recordó que con este criterio, “por ejemplo, el día de mañana pueden crear una comisión e intervenir por decirlo así la CONATEL, y cerrar las radios, pueden hacer lo mismo con Obras Públicas y cancelar adjudicaciones, se están erigiendo en una especie de súper poder avasallando a todas las instituciones”.
Duarte indicó que “en el caso de la administración municipal de Ciudad del Este, debemos recordar que existen varias sentencias del Tribunal de Cuentas aprobando las sucesivas rendiciones de cuenta de la ejecución presupuestaria.
Asimismo, hemos respondido todos los informes solicitados por Contraloría, se ha hecho un examen especial al FONACIDE, se han aprobado todas las ejecuciones de los últimos 13 años en la Junta Municipal, las denuncias hechas ante órganos judiciales se han desestimado por improcedentes, en fin, no existe más forma de controlar a la institución, lo que podríamos pedir es que se haga una radiografía completa de la comuna incluyendo a todos los funcionarios”, agregó en forma jocosa.
Recordó que la cámara de senadores se está atribuyendo funciones jurisdiccionales. “Se atribuyen funciones de la junta municipal, con lo que automáticamente están calificando al referido órgano de corrupto,  que está allí de mero adorno,  le borra de un plumazo, con este criterio, deberíamos suprimir esa instancia y pedirle a los del supuesto frente ciudadano, o a algunos senadores, que sean los que realicen el control y la administración municipal, es inaudito”.
El profesional recordó que incluso este año la Cámara de Senadores había pedido informes sobre la ejecución del FONACIDE, lo que se cumplió en tiempo y forma. “Tanto es así que muchas personas hicieron denuncias irresponsables basadas en lecturas mal interpretadas de nuestro propio informe, no hay nada que esconder pero aquí se está notando una mano negra política”, aseveró.

El Sindicato de Periodis-tas de Paraguay (SPP) repudió “la directa censura a los medios periodísticos” por parte de una jueza que prohibió esta semana la publicación de “contenido multimedia” del senador colorado, Juan Carlos Galaverna, que supuestamente protagoniza un video pornográfico.
La jueza Patricia González aceptó el 30 de julio una medida cautelar solicitada por el legislador Juan Carlos Galaverna, que prohíbe a “cualquier medio de comunicación” la divulgación de imágenes suyas, después de conocerse el vídeo que incendió las redes sociales la semana pasada, según un comunicado del SPP.
La Fiscalía anunció el 28 de julio que analiza el video en el que supuestamente aparece Galaverna manteniendo relaciones sexuales con dos mujeres jóvenes. Las imágenes fueron recogidas desde el domingo por decenas de medios de comunicación paraguayos y en ellas se ve a una persona de avanzada edad besando a una joven y manoseando su cuerpo.
El sindicato de periodistas denunció que la prohibición “representa un acto de censura previa a la libre expresión y a la libertad de prensa”.  Añadió que “lo grave del caso” es que la jueza se ratificó en su criterio, el cual aseguraron es contrario a la Constitución. “Esto viola los Artículos 26 y 28 de la Constitución Nacional que protegen la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la libre información de toda la ciudadanía”, manifestó la organización de periodistas.
El SPP recordó que el video se publicó en las redes sociales, lo que generó “una lógica réplica en los medios de comunicación que informaron sobre la situación protagonizada por un legislador, cuestión que jamás puede ser censurada por el mal arbitrio de una jueza”.  “La presunción de que una de las filmaciones involucra a empleadas del Estado con quien es su jefe directo es una de las materias en sospecha”, aseguró el sindicato en su comunicado.
La organización añadió que “cabría una investigación penal del hecho punible de estupro o pornografía infantil a juzgar por declaraciones de las protagonistas, cuestiones que tienen un lógico interés informativo”. El SPP consideró importante analizar el comportamiento de la jueza “y de ser necesario exponer su conducta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones”. La agente fiscal de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual Infantil, Teresa Martínez, cuando se conocieron las imágenes, declaró que es necesario “un análisis” para ver si el caso es de su competencia. “Debemos tener la identidad de las personas que participaron así como sus edades respectivas. Vamos a verificar el material a fin de confirmar su veracidad. Con esta información podremos definir si el caso amerita una investigación penal”, indicó Martínez.
El lunes pasado en Radio Monumental, una mujer que se identificó como Vanessa Trinidad, aseguró que es una de las protagonistas del vídeo, el cual se filmó hace cuatro años, cuando ella tenía 17, según declaró. En su entrevista a la emisora, Trinidad dijo también que el hombre que aparece en el vídeo es Galaverna y añadió que no recibió dinero por esa relación.

El abogado Silvio Villagra, quien forma parte del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional del INDERT, cuestionó duramente el liderazgo de Dalfio González, al frente de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesina por la Reforma Agraria, cuyos miembros solicitaron la destitución de todos los funcionarios de ente agrario por presuntos hechos de corrupción.
Villagra vinculó a Dalfio González con Leonardo Rodas, ex director jurídico del ente agrario y actualmente  jefe de Gabinete de la Gobernación de Alto Paraná. Dijo que el dirigente campesino, estaría siendo manipulado por un grupo de ex funcionarios que pretenden volver a ocupar cargos en la institución.
Los integrantes del la coordinadora solicitaron el jueves pasado el cambio de todos funcionarios, principalmente de los administradores de colonias, pues alegan que hay un sistema de corrupción, en el que todos están involucrados.
Ante estos pedidos, el abogado Silvio Villagra, dijo que todos los funcionarios están dispuestos a ser sometidos a investigaciones, tanto en el ámbito administrativo y judicial. Con relación al liderazgo de Dalfio González, expresó que el supuesto líder campesino es dirigente de la comisión San Expedito, de  Rancho Alegre, Itakyry (zona norte del departamento) y en la zona sur es también dirigente de una comisión vecinal de Espigalkue,  distrito de Tavapy II. Afirmó que cuentan con todos los documentos para demostrar todos los expresados, recordando que esta misma persona pidió reconocimiento de ambas comisiones, por lo que rechazó, atendiendo que ya fueron beneficiadas de la tierra del Indert.

El Sindicato de Periodistas de Paraguay repudió ayer “la directa censura a los medios periodísticos” por parte de una jueza que prohibió esta semana la publicación del video íntimo del senador Juan Carlos Galaverna.
La jueza Patricia González aceptó el 30 de julio una medida cautelar solicitada por el legislador Juan Carlos Galaverna, que prohíbe a “cualquier medio de comunicación” la divulgación de imágenes suyas, después de conocerse el vídeo que incendió las redes sociales la semana pasada, según un comunicado del SPP.
La Fiscalía anunció el 28 de julio que analiza el vídeo en el que supuestamente aparece Galaverna manteniendo relaciones sexuales con dos mujeres jóvenes.
Las imágenes fueron recogidas desde el domingo por decenas de medios de comunicación paraguayos y en ellas se ve a una persona de avanzada edad besando a una joven y manoseando su cuerpo.
El sindicato de periodistas paraguayo denunció que la prohibición “representa un acto de censura previa a la libre expresión y a la libertad de prensa”.
El SPP añadió que “lo grave del caso” es que la jueza se ratificó en su criterio, el cual aseguraron es contrario a la Constitución.
“Esto viola los Artículos 26 y 28 de la Constitución Nacional que protegen la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la libre información de toda la ciudadanía”, manifestó la organización de periodistas.
El SPP recordó que el vídeo se publicó en las redes sociales, lo que generó “una lógica réplica en los medios de comunicación que informaron sobre la situación protagonizada por un legislador, cuestión que jamás puede ser censurada por el mal arbitrio de una jueza”.
“La presunción de que una de las filmaciones involucra a empleadas del Estado con quien es su jefe directo es una de las materias en sospecha”, aseguró el sindicato en su comunicado.
La organización añadió que “cabría una investigación penal del hecho punible de estupro o pornografía infantil a juzgar por declaraciones de las protagonistas, cuestiones que tienen un lógico interés informativo”.
El SPP consideró importante analizar el comportamiento de la jueza “y de ser necesario exponer su conducta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones”.
La agente fiscal de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual Infantil, Teresa Martínez, cuando se conocieron las imágenes, declaró que es necesario “un análisis” para ver si el caso es de su competencia.
“Debemos tener la identidad de las personas que participaron así como sus edades respectivas. Vamos a verificar el material a fin de confirmar su veracidad. Con esta información podremos definir si el caso amerita una investigación penal”, indicó Martínez.

Finalmente, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) publicó la lista de sus funcionarios con sus respectivos salarios, a pedido expreso del presidente Horacio Cartes. Un dato llamativo es que una persona del Departamento Financiero gana más que el director paraguayo de la hidroeléctrica.
En la página web de Yacyretá fue publicada la lista completa de los funcionarios que prestan sus servicios en la institución, además se especifica cuánto es el monto que percibe cada uno. De acuerdo con los datos, Juan Alberto Schmalko percibe 85.984.011 guaraníes, mientras que los consejeros 73.940.138 guaraníes. El dato llamativo es que en la lista de funcionarios Superiores, en el Departamento Financiero, un funcionario gana más que el director. Se trata de Osvaldo Núñez Esquivel, quien tiene un sueldo de G. 90.809.928
En la lista también se aclara quiénes son los trabajadores permanentes, contratados, los comisionados a otras instituciones, y los que prestan servicios en la EBY de otros entes. Para ver la lista, se debe ingresar a la página de la institución http://www.eby.gov.py, luego hacer clic en Institucional y luego en Organización, allí se encuentran los enlaces para acceder a las planillas. Sin embargo, ante la excesiva cantidad de visitas, el servidor está saturado.
La decisión de cumplir con la Ley 5189, de acceso a la Información Pública se da luego de una larga negativa por parte de los directivos de la EBY. El encargado de hacer posible la divulgación es el presidente Horacio Cartes, quien solicitó a la entidad que publique lo más rápido posible su nómina.

Arlan Fick (16) cumple cuatro meses secuestrado en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El joven fue llevado a la fuerza el 2 de abril pasado de su casa en Paso Tuyá por el grupo criminal, que posteriormente pidió un millonario rescate, y hoy cumple 122 días secuestrado. Los Fick pagaron US$ 500.000 en efectivo y US$ 50.000 en víveres para comunidades humildes de la zona norte del país. Sin embargo, el EPP no cumplió en liberar a Arlan.
Los endebles esfuerzos que hace la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) son insuficientes para dar con el paradero del menor. Según el ministro del Interior, Francisco de Vargas, supuestos reportes de inteligencia le dan la certeza de que el joven sigue vivo, pero el joven no puede ser ubicado. Lo real y concreto es que desde el 12 de abril, cuando los Fick pagaron la totalidad del rescate, los secuestradores nunca más se comunicaron con ellos.

ANUNCIAN
CORRECCIONES
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, advirtió en Concepción que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) deberá hacer correcciones urgentes en el combate contra el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
De Vargas prometió a las familias de los dos secuestrados que el Gobierno hará todo lo posible para recuperarlos con vida. Dijo que toman como un desafío las críticas de la ciudadanía. La comitiva, encabezada por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, y el comandante de la Policía, comisario general comandante Francisco Alvarenga, arribó al aeropuerto de Concepción, desde donde se trasladó por tierra al destacamento del Grupo Táctico Halcón de la Policía y después a la comisaría 21ª, ambas en la localidad de Kurusu de Hierro.
Posteriormente, fueron a la colonia Paso Tuyá, donde De Vargas y Alvarenga se reunieron con Álcido Fick, padre del menor Arlan Fick Bremm, quien hoy cumple 122 días en cautiverio.
El ministro se volvió a comprometer con la familia del menor a poner todo el esmero necesario para rescatarlo, ya que el caso sigue siendo una prioridad para el Gobierno. El recorrido también incluyó visitas a la comisaría 14ª de Azote’y y a la comisaría 7ª de Yby Yaú.
Otra parada de la comitiva fue en la casa del suboficial 2ª Edelio Morínigo Florenciano, en la localidad de Arroyito, donde De Vargas les prometió a los padres del uniformado que lo traerían de vuelta. El efectivo está desaparecido hace 27 días. La vivienda del suboficial secuestrado se encuentra a 1.600 metros de la Ruta V, en la zona de Calle 18, muy cerca de la estancia “La Novia”, escenario de la última aparición del EPP que atacó a tiros el vehículo táctico blindado de la Policía el domingo de tarde. Finalmente, el secretario de Estado se reunió en la ciudad de Concepción con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), general de División Mario Restituto González, y con el equipo de inteligencia del departamento Antisecuestro de la Policía.

Sigue bajo hermetismo total la investigación del caso del asesinato de Sonia Doutreleau. Existe una prohibición de dar a conocer las diligencias y por el momento hay cinco imputados. Hasta el momento están procesados por este caso Celia María Maidana, su pareja Gustavo Vidal Noguera y el sobrino de la mujer, César Maidana Bazán. También están imputados Gustavo Insfrán y su novia María Gabriela Villalba.
Entre las últimas diligencias está la audiencia de revisión de medidas de Gustavo Insfrán, que se debía llevar a cabo el jueves pasado, pero por falta de un móvil penitenciario la misma se suspendió. Ahora, el juez del caso, Miguel Tadeo Fernández, debe volver a fijar una nueva fecha para la diligencia.
Entretanto, hay un pedido fiscal avalado por el juez para tomar muestras de cabello de Celia Maidana y los otros imputados varones, a fin de compararlas con las muestras tomadas de la escena del crimen. Sonia Doutreleau fue asesinada de 33 puñaladas el 23 de junio pasado, en su oficina, sede de Capaclor, ubicada en Pitiantuta casi Mcal. López de la capital. Si bien en un primer momento el caso apuntó a que se trató de un crimen en el marco de un asalto, luego Celia Maidana apareció como sospechosa del hecho.
Con el correr de los días todas las investigaciones de la fiscalía apuntaron a que Celia, su pareja y su sobrino, eran los principales sospechosos del hecho. Después cayó la otra pareja y con eso la policía cerró el círculo de las pesquisas a nivel policial. Ahora todo se encuentra en el campo de la Fiscalía.