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NEFASTOS POLÍTICOS ESTARÍAN DETRÁS DE PEDIDO DE INTERVENCIÓN DE MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Wilma de Retamozo, esposa del exintendente Andrés Retamozo.

HERNANDARIAS. El pedido de intervención de la Municipalidad de Hernandarias, fue realizado de manera sorpresiva por un grupo de 6 concejales, quienes, al no tener los votos, y supuestamente tratando de ganar “tiempo” presionando al intendente a “acercarse”, tiene también como protagonistas a otros referentes políticos de la ciudad, conocidos por sus nefastos antecedentes.

Los concejales John Florentín, quien en los primeros tiempos de la administración Rubén Rojas era un oficialista, Wilson Ayala y Carlos Rojas, todos de la ANR, además de los liberales Alberto Báez, Alcira Cáceres de Castillo y Demetrio Soler, estarían siendo “sponsoreados” por otros políticos de la ciudad.

Wilma de Retamozo, esposa del ex intendente e improductivo diputado Andrés Retamozo, quien también fue protagonista de los tensos momentos que vivió la comuna cuando fue concejal, en medio de la guerra política entre bandos declarada en la comuna en el 2.008 tras la renuncia del entonces intendente Retamozo, es una de las que estaría interesada en volver a ocupar sitiales en la comuna.

El concejal departamental Freddy Chamorro, de nulo trabajo en la junta departamental y aspirante a la intendencia, más conocido por sus escándalos como videos íntimos, agresión a periodista del diario Vanguardia, involucramiento en la estafa D-9, entre otros, es también otro integrante del grupo que estaría detrás de una campaña mediática y política en pos de quedarse con la intendencia.

Otro polémico político, con varios cuestionamientos es “Papo” Echagüe, hijo del ex diputado Ismael Echagüe, quien logró un “zoquete” en la entidad binacional Yacyreta con Nicanor Duarte Frutos, ganando más de 10 millones sin concurso, sería otro de los integrantes del grupo. La intención de los concejales sería ubicar a uno de los 6 como intendente, y de este modo apoderarse de varios “proyectos” de la comuna, con la intención de hacer negocios allí.

NO SE COMPLETARON
REQUISITOS LEGALES

Entre los puntos que no se completaron para la realización del pedido de intervención, existen varios hechos llamativos. Primeramente, varios de los puntos son parte de lo que ya se había rechazado en una primera instancia en la ejecución presupuestaria 2.019, y que aún está en plazo de ser respondido por el intendente Rubén Rojas.

“Nosotros creemos que esos puntos que están en la ejecución 2.019 deberían primero ser respondidos por el intendente, pues él tiene un plazo de 30 días que no se ha cumplido”, indicó el concejal Aniceto López.

Además, existen puntos que ya fueron resueltos en otras ejecuciones ya aprobadas. Otro punto llamativo es que le cuestionan al intendente Rojas haber pagado durante enero y febrero de 2.020 las transferencias a la caja de jubilaciones correspondientes a los meses de octubre a diciembre del año pasado (2.019), un trámite absolutamente normal en épocas de mejoría en las recaudaciones. Sin embargo, cuando la caja de jubilaciones del personal municipal demandó al municipio por la falta de pago de más de un año de esta transferencia en la administración de Mario Castillo en pleno año electoral (2.015), muchos de los actuales concejales que cuestionan este punto lo han defendido, entre ellos la propia esposa de Castillo, Alcira Cáceres.

Por no haber transferido 1 año y haber dejado con esa deuda a la institución luego de haber descontado de los funcionarios, Castillo está al borde de un juicio oral por lesión de confianza. Según los datos, este martes podrían estar los dictámenes de comisión para el tratamiento del pedido de intervención.

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