Los sindicalistas de la Itaipu Binacional que habían amenazado con “parar” la usina de la hidroeléctrica si se llegaba aprobar la rebaja de sus salarios poniendo como límite los 37 millones que gana el presidente de la república, deberán tener finalmente su audiencia de imposición de medidas en este mes de junio, luego de que se empezaran a normalizar las actividades en parte en el poder judicial.
Los imputados son: Miguel Conrado Testti, Javier Villalba, Luis Enrique Cadogan, Luis Ríveros y Elias Sócrates. Todos fueron imputados por los hechos punibles de perturbación de servicios públicos y coacción. Los mismos habrían amenazado con paralizar la hidroeléctrica de Itaipú Binacional si se procedía al descuento de sus salarios.
El juez Yoan Paul López había llamado primeramente para el 24 de abril a los sindicalistas, pero los mismos habían planteado un recurso con apelación en subsidio, por lo que la audiencia fue suspendida y el caso había pasado al Tribunal de Apelación. Según los datos, el expediente ya volvió al juzgado de garantías y ya se procederá en las próximas semanas a la audiencia.
El Ministerio Público procedió a la imputación el pasado 2 de abril, de los cinco sindicalistas que firmaron la nota en la cual amenazaron con paralizar la hidroeléctrica Itaipú, en caso que el Ejecutivo proceda al recorte del salario de los funcionarios de la binacional. La investigación se inició a través de los agentes fiscales Silvia Cabrera y Santiago González Bibolini, justamente a pedido Quiñónez, tras conocerse el contenido del documento que recorrió las redes sociales.
Tras el tono amenazante de la nota, varios de los sindicalistas habían negado haber firmado, o en todo caso, decían que la nota carecía de validez por no haberse aprobado en Asamblea, lo que sería también una argucia de la defensa.
La nota, fechada en 30 de marzo, fue firmada por supuestos representantes de STEIBI, SICAE, SISE, SICONAP/S y SINDITAIPU. Un día después y tras la amenaza de imputación, los mismos presentaron otra nota en la que se contradecían. Pero el 2 de abril ya fueron imputados por el ministerio público.
