Connect with us

Hi, what are you looking for?

Judiciales

DENUNCIAN QUE MAFIA “FISCAL JUDICIAL” BUSCA DESPOJAR A COLONO DE UNOS 500 MIL DÓLARES

A la izquierda se observa el contrato “arriero porte”, sin certificación de firmas, que es usado para “sustentar” la descabellada imputación. Así también se puede visualizar cheques retirados por el denunciante, quien aparentemente “se olvidó” de esto y ahora presenta una descabellada denuncia en el ámbito civil. Factura emitida por el colono afectado en favor del denunciante, sobre la venta de eucaliptos por valor de 305 millones de guaraníes.

SANTA RITA. Un conocido colono de éste distrito está siendo víctima de una verdadera mafia “fiscal – judicial” que busca despojarlo de unos 500 mil dólares americanos; para el efecto inclusive presentaron una denuncia penal por supuesta “estafa, lesión de confianza y apropiación” ante la unidad del fiscal Orlando Quintana, quien sugestivamente dio trámite a la descabellada acusación, que se basa única y exclusivamente en un contrato privado que ni siquiera está legitimado por escribanía, motivo por el cual Quintana ya fue denunciado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por mal desempeño en sus funciones.

Según relato de la víctima, el colono Hilmo Norivaldo Schubert, en el año 2015 firmó un contrato privado con el ciudadano Roberto Isidoro Ojeda Cáceres, sobre la permuta o venta de un inmueble de 232 hectáreas situado en éste distrito. Dicho contrato fue realizado al estilo “arriero porte”, es decir, sin certificación de firmas, en formato de escritura pública sin ser escritura pública (no se realizó en escribanía). Años después, Schubert finalmente logró vender dichas tierras al Indert (luego de una larga lucha de 31 años), cuando “reapareció” Ojeda, reclamando el pago de más de 3 mil millones de guaraníes, no se sabe en concepto de qué.

Cabe señalar que Ojeda había entregado al denunciado un cheque por valor de 200.000 USD en caución, sin embargo, dicho instrumento siquiera fue presentado ante alguna institución bancaria, sustituyendo posteriormente, por otros cheques del banco Amambay que luego fueron retirados por el denunciante, conforme fue demostrado con la constancia escrita y suscrita por Ojeda Cáceres, en el que dice: “Retiré originales, no teniendo nada que reclamar al señor Hilmo Norivaldo Schubert. 03.06-.2020”, sin embargo, un mes después de decir que nada tiene que reclamar, formula la insustentable denuncia en el ámbito penal.

Es ahí donde comienzan las barbaridades cometidas por el fiscal Quintana, que basándose en un contrato privado sin certificación de firmas, es decir, que carece de fuerza ante cualquier órgano judicial ni puede ser reconocido en juicio, Quintana le otorga plena fe, poniendo en funcionamiento la maquinaria investigativa del Estado Paraguayo en contra de Schubert, mediante el dictado de un acta de imputación que carece de elementos básicos para ello.

Se trata claramente de un caso que debe dirimirse en el ámbito civil, sin embargo el fiscal Quintana se otorgó “super atribuciones” y rápidamente procedió a la imputación del colono, pese a haber tomado conocimiento de la existencia de una demanda civil que obra contra Schubert, en el expediente caratulado “ROBERTO ISIDORO OJEDA CACERES C/ HILMO NORIVALDO SCHUBERT S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, que se tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Segundo Turno de Santa Rita, a cargo del Juez Abg. Julio Avalos Crovato. Esto ya debió haber sido suficiente para anular la causa en el ámbito penal, pero el fiscal Quintana no lo consideró así. Ante lo expuesto, la maliciosa imputación solo puede ser producto de una supina ignorancia de las leyes o un requerimiento inclinado hacia los intereses oscuros del denunciante, impulsado por la parcialidad manifiesta del fiscal acusado.

Sugestivamente, el denunciante aparece bajo patrocinio de influyentes abogados, como Enrique Javier Berni, ex asesor político de la Presidencia de la República, durante la gestión de Horacio Cartes. Casualmente, el mismo es primo hermano de la jueza Alicia Pedrozo Berni, quien maneja el caso del diputado Ulises Quintana, quien a su vez es hermano del agente fiscal Orlando Quintana. También aparecen los abogados Héctor Palazón Ruiz y José María Montero, todos del mismo estudio jurídico.

Los abogados del afectado no se explican en qué se sustenta el fiscal, ya que no existe ningún perjuicio patrimonial del denunciante, quien recibió árboles eucaliptos del denunciado, emitiendo el cheque 674048, con fecha de emisión 12/09/2019, por valor de 50.000 USD, cheque que corresponde a otro negocio y no está vinculado al contrato que el fiscal denunciado busca hacer cumplir por la fuerza. Los demás cheques jamás fueron efectivizados, es más, fueron retirados por el denunciante Roberto Ojeda, con la constancia firmada de que nada tiene que reclamar.

En su denuncia ante el JEM, el denunciado señala que este es un caso de “terrorismo de Estado”, donde un fiscal utiliza su poder en forma ilegítima para producir temor y terror en personas civiles, con el objetivo de forzar la entrega de sumas de dinero, privando la libertad de las personas para ello.

Comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Advertisement

También Te Puede Interesar

Policiales

FOZ DE YGUAZU. Una paraguaya que se dedicaba a la prostitución fue encontrada sin vida en medio de un matorral y con señales de...

Regionales

Integrantes de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este, realizaron una revisión minuciosa en los establecimientos de abastecimientos...

CORONAVIRUS

PRESIDENTE FRANCO. Un hombre que estaba siendo tratado en el Hospital Distrital por causa de problemas respiratorios falleció el día de hoy y existen...

VIOLENCIA

HERNANDARIAS. Un joven adicto a las drogas fue aprehendido por abusar sexualmente de una niña que es su vecina. El pervertido aprovechó que la...

Copyright © 2020 Diario La Jornada . Periodismo de Frente