Invasores de tierras, seudos dirigentes sociales, supuestos sintechos y otros nuevamente presionan a las autoridades municipales para la realización de una supuesta mensura judicial sobre la finca 66, inmueble que dejó de existir hace más de 30 años atrás. Los manifestantes protestaron ruidosamente frente a la municipalidad de CDE. Los mismos cuentan con el apoyo de funcionarios municipales y del propio intendente Miguel Prieto, quien prometió estar buscando fondos para hacer la ilegal mensura en 2021.
Los manifestantes, en su mayoría conocidos invasores de tierras, seudos dirigentes sociales y supuestos sintechos, llegaron hasta la municipalidad de CDE, en donde se manifestaron y exigieron al intendente Prieto y a la Junta la realización de la mensura. En el 2019, la Junta Municipal y la Intendencia, resolución mediante, aprobaron incluir en el presupuesto 2020 la realización de dicho procedimiento, a un costo de unos 6 mil millones de guaraníes.
Según Elvio Barúa, uno de los manifestantes, el intendente Prieto les afirmó a los manifestantes que este año no se pudo realizar la mensura por los problemas económicos que atravesó la institución debido a la pandemia por Covid-19, sin embargo, el intendente prometió realizarla en el curso del año próximo. El propio Prieto apoya la mensura judicial, al igual que su asesor jurídico, el abogado Ricardo “Ricardito” Romero, quien había señalado en redes sociales que después de la recuperación de la terminal de ómnibus de CDE y el Shopping Box, “era el turno de la finca 66”.
UNA FINCA QUE NO EXISTE
Esta situación deja nuevamente en zozobra a propietarios de tierras de distintos barrios de CDE. Los mismos aseguran que hoy día no existe ninguna finca 66, que décadas atrás ya fue fragmentada, loteada y entregada al sector privado, cuyos dueños poseen títulos de propiedad expedidos por la misma municipalidad, situación que no puede ser desconocida por el actual intendente y la Junta Municipal.
La finca 66 en la actualidad ya no existe, ni siquiera aparece en el Registro General de la Propiedad. Era una finca matriz que fue dividida en pequeños lotes, por la propia municipalidad, mucho tiempo atrás. Son más de 6 mil propietarios de lotes de terrenos titulados que abarcan los barrios Pablo Rojas, Che la Reina, Don Bosco, La Blanca, Ñasaindy, Mburucuyá (Las Carmelitas), San Antonio, quienes tienen derechos adquiridos por imperio de actos jurídicos a título oneroso por el tiempo transcurrido y la buena fe de legal presunción en base a títulos dominiales y posesorios.
Recordemos que la ley de usucapión dice claramente que si en 20 años no se reclama judicialmente la tenencia de una propiedad, pasa a ser dueño el ocupante. Todos estos lotes otorgados con títulos por la municipalidad obtuvieron nuevos números de finca. Lo que ocurrió fue que la Cámara de Diputados expropió a través de la Ley 35/1990 una finca que ya no existía físicamente. En realidad el Parlamento con esa ley de expropiación de la finca 66 legalizó los títulos que la misma municipalidad había otorgado sobre esos terrenos.
Abogados consultados sobre el caso indicaron que los títulos otorgados por la municipalidad son legales e incuestionables. La propia municipalidad a través de la expropiación legalizó la ocupación de todas esas tierras, eliminando el título original y quedando como válidos los títulos otorgados por la municipalidad. Lo que alguna vez fue la finca 66 hoy sólo existe en el imaginario de la gente, está totalmente ocupada, dividida en lotes que cuentan con títulos originales. Por lo tanto, los propietarios tienen el derecho jurídico de accionar, en caso de invasiones, lo cual justamente molesta a los invasores, quienes con la mensura buscan “enturbiar” las aguas y realizar nuevas ocupaciones en total impunidad.
