SANTA RITA. Con el principal objetivo de salvaguardar las evidencias de un grave hecho de corrupción, la unidad anticorrupción del Ministerio Público incautó ayer cuatro vehículos de la municipalidad de Santa Rita. Dos de estos móviles están convertidos en chatarras y hoy iban a ser subastados por el cuestionado intendente colorado César “Landy” Torres. Al parecer la verdadera intención del jefe comunal era borrar las evidencias. Sobre su administración pesan varias denuncias y diversos cuestionamientos, pero pese a ello “Landy” busca el rekutú.
El fiscal Diego Arzamendia, se encargó de dar cumplimiento a la disposición del juez Humberto Otazú. Fueron incautados dos automóviles de la marca Chevrolet tipo Vectra, uno en desuso, y en funcionamiento, además de una camioneta Volkswagen tipo Saveiro y una Furgoneta Toyota, estos dos últimos ya prácticamente inservibles y que formaban parte de un lote de móviles que hoy iban a ser rematados.
El representante del Ministerio Público confirmó que el procedimiento forma parte de una investigación de 15 puntos, denuncia que había sido presentada por un grupo de concejales donde se mencionaba una serie de irregularidades cometidas por el intendente César “Landy” Torres.
Del operativo se desprende que la Fiscalía al enterarse de que los vehículos iban a ser rematados, y éstos al ser vendido el Ministerio Público iba a quedarse sin evidencias. Por esta razón rápidamente procedió al secuestro de los rodados.
Según la denuncia, en lo que respecta a la furgoneta Toyota, la Municipalidad presentó documentos de que supuestamente había gastado más de 6 millones de guaraníes para la reparación del aire acondicionado sin embargo el rodado ya no estaba funcionando.
En el caso del Saveiro, fue más grosero aún pues según las documentaciones para el mantenimiento del rodado la municipalidad presentó documento de que se utilizó 21 litros de aceite para motor, es la misma cantidad que utiliza una máquina pesada.
Según las denuncias, César “Landy” Torres manejó como un verdadero almacén la Municipalidad. En un momento dado tuvo el apoyo de la mayoría de los concejales que también fueron cómplices de sus robos, pero estos finalmente fueron abandonando al intendente que ahora lastimosamente busca nuevamente el rekutú, de la mano del también cuestionado diputado altoparanaense Ramón Romero Roa, quien es su padrino y protector político.
