TAVAPY. Seudos campesinos sintierra amenazan con invadir “por enésima vez” las tierras de la estancia Rancho Grande, situadas en la colonia Cerro Largo de éste distrito. Los mismos ya fueron desalojados en tres oportunidades, sin embargo, los cabecillas ahora conformaron una comisión, cobrando sumas de dinero que varían entre 250 a 600 mil guaraníes a los que deseen una “porción de tierra” de la estancia, cuyos propietarios ya demostraron con creces que las tierras son privadas. Políticos colorados locales también apoyan al grupo invasor, de acuerdo a los datos.
Un conocido grupo de invasores de tierras, nuevamente se está preparando para invadir las tierras de la estancia Rancho Grande. El inmueble es parte de una propiedad de unas 2900 hectáreas situadas en el distrito de Tavapy. Dicha estancia ya fue invadida por grupos de autodenominados sintierras en al menos tres oportunidades. La primera vez fue en el año 2019, siendo desalojados los invasores. Seis meses después volvieron a ingresar, argumentando que la propiedad no cuenta con las documentaciones en regla, sin embargo los propietarios en varias oportunidades exhibieron el título de propiedad legítimo sobre el inmueble.
Tras el segundo desalojo, la propiedad recibió protección de efectivos del Grupo Especial de Operaciones GEO de la Policía Nacional. Ya en 2020 el inmueble fue invadido por tercera vez, esta vez con grandes perjuicios para los propietarios, ya que los invasores quemaron maquinarias y destruyeron unas 30 hectáreas de plantación de soja. También incendiaron un puente que atraviesa la propiedad. Una vez más se tuvo que recurrir a la justicia para ordenar el desalojo de los ocupantes ilegales, quedando el lugar nuevamente bajo custodia del GEO.
COMISIÓN PARA “SACAR
PLATA” A LOS INCAUTOS
Ahora, los invasores conformaron una comisión vecinal, cuyo presidente es Willian Insaurralde Salinas, quien ya estuvo procesado por invasión de inmueble ajeno y coacción, en esta misma causa e incluso contó con orden de captura. Como tesorero de la comisión funge Antolín Aranda, docente jubilado de Tavapy. Otros integrantes son Engelberto González, docente jubilado y precandidato a la Junta Municipal de Tavapy por la ANR, Tomás Martínez, imputado por invasión en el mismo caso, y Adolfo Domínguez, también imputado en la causa de invasión. El Ing. Cacho Báez, precandidato a la intendencia de Tavapy por la ANR, también apoya a esta comisión, según informaron fuentes locales.
Cabe mencionar que esta comisión no está reconocida por la municipalidad de Tavapy, tampoco ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDERT. Fuentes de la comuna local indicaron que no pudieron reconocer a la comisión, llevando en cuenta que consta en el expediente la realización de una mensura judicial, realizada a través de la Consultora del Ing. Adolfo Fornerón de Santa Rita, en donde no se constata ningún excedente en el inmueble pretendido por los supuestos sintierras. Además, los propietarios están al día con el pago del impuesto inmobiliario, motivo por el cual se denegó a la comisión el reconocimiento municipal.
Los más grave del caso es que personas humildes estarían siendo engañadas en su buena fe por los cabecillas de esta comisión, quienes les prometen que la expropiación de la estancia sería “apenas una cuestión de tiempo”. Los interesados son obligados a pagar sumas de dinero entre 250 a 600 mil guaraníes, que presuntamente es para impulsar la demanda de los invasores, a cargo del abogado Carlos Caballero, asesor jurídico de la comisión no reconocida o “mau”.
Circulan audios de los cabecillas de la comisión y del propio abogado Caballero, en donde los sintierras son citados a una reunión informativa en el Km. 30, en donde se les insta a los interesados a “ponerse al día” con el pago de sus cuotas. También en los audios, integrantes de la comisión señalan que ya es hora de “volver a invadir” la propiedad, porque ya pasó mucho tiempo y el caso no se está moviendo. Llevando en cuenta los antecedentes violentos de los invasores, los propietarios temen nuevos actos de vandalismo en su inmueble, por lo cual piden a la Policía arbitrar la protección de la estancia.
