TAVAPY. Una vez más, seudos campesinos sin tierras aglutinados en la comisión San José Isla Pucú, fueron desalojados de las tierras que corresponden a la estancia Rancho Grande, luego de una constitución fiscal policial en la propiedad. El presidente de dicha comisión, Willian Insaurralde Salinas y el abogado Carlos Caballero, quien funge de “asesor jurídico”, son considerados principales instigadores de las invasiones. Insaurralde ya está procesado por los delitos de invasión de inmueble y coacción grave, por lo cual es considerado reincidente. Está hartamente comprobado que esas tierras son de dominio privado, pero los campesinos insisten en supuestos “excedentes fiscales” y títulos falsos para justificar sus arbitrarias invasiones.
El Agente Fiscal de Santa Rita, José Silguero Denis, acompañado de efectivos policiales de la comisaría 18, realizó una constitución, en el sentido de verificar la presencia de personas ajenas en la mencionada propiedad privada. El Fiscal indicó que hay un informe de la Dirección General de los Registros Públicos, que da cuenta sobre la titularidad de la firma Forestal de Negocios S.A. sobre dichas tierras. Ante esto, los invasores ante la presencia fiscal policial se replegaron una vez más hasta la vivienda del presidente de la comisión San José Isla Pucú, William Insaurralde Salinas, situada en las adyacencias de la propiedad invadida.
Este sujeto, así como algunos de sus principales cómplices, Genaro Gabriel Vera Martínez alias “Paraguayito Alegre”, José Enciso Ayala, Aurelio de Jesús Benítez, Antolín Aranda Cáceres, Silvino Bareiro Díaz, Eutalio Bareiro Diaz, Marcio Fontana Dos Santos, Francisco Claudecir Ferreira, Luis Reyes Bogado, Adolfo Domínguez Orué, Tomás Osvaldo Martínez Rejala, Tomás Enciso Orué y Juan Ramón Ramírez, ya están procesados por esos mismos delitos, en otros casos de invasión de la misma propiedad, por lo cual se agrava su situación jurídica; este jueves deben presentarse a una audiencia preliminar con pedido para elevación a juicio oral, por los delitos de invasión de inmueble y coacción grave.
Los seudos sintierras cuentan con la “asesoría jurídica” del abogado Carlos Caballero; quien contaría con frondosos antecedentes judiciales e insiste en que esas tierras “no tienen título” y que hay supuestos excedentes fiscales, del cual no arrimo jamás un solo documento, la versión ya gastada es totalmente descartada tras la realización de una mensura judicial, que incluso detectó faltantes de tierras, en vez de excedentes. Esta sentencia se halla firme y consentida. Proviene justamente de Carlos Caballero la absurda versión sobre un supuesto “excedente fiscal de unas 77 mil hectáreas en Tavapy”, cuando en realidad todo el distrito abarca poco más de 43 mil hectáreas, lo cual evidencia lo delirante de sus afirmaciones, razón por la que jamás aporto un solo documento al respecto.
Tras ser desalojados una vez más, los campesinos que en todo momento estuvieron con cara cubierta y su abogado asumieron el “compromiso” de no volver a invadir, hasta tanto se resuelvan las acciones ordinarias pendientes, los mismos fueron advertidos por el fiscal de las consecuencias jurídicas de su inobservancia. Cabe mencionar que también se pudo observar la presencia en el lugar de la abogada Karen Aranda Reyes, muy cercana al candidato a intendente de Tavapy por la ANR, Ing. Teófilo “Cacho” Báez. Además, el padre de la abogada Antolín Aranda, que también está entre los invasores, de acuerdo a la investigación fiscal.
ESTAFAN A SUS ASOCIADOS
Hace tiempo, se viene denunciando que los cabecillas de esta comisión de seudos sintierras estafan masivamente a sus asociados, a quienes prometen “tierras fructíferas” sin argumento alguno ni documentos que respalden sus reivindicaciones ilegítimas. A cambio de “asegurarse un pedazo de tierra”, las víctimas deben pagar entre 600 mil a un millón y medio de guaraníes mensuales, dinero que es supuestamente invertido en los “gastos” del abogado Caballero y la comisión directiva. Inclusive, Caballero habría asegurado a los campesinos que “en 22 días volverán a invadir, porque ya estarán todos los papeles”, aunque no se sabe a qué tipo de papeles se refiere, llevando en cuenta que la propiedad es privada.
Debido a la ilegalidad de sus acciones, esta comisión no está reconocida ante la municipalidad de Tavapy ni ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDERT. Los propietarios legítimos del inmueble ya presentaron los títulos de propiedad en reiteradas oportunidades. Los dueños y arrendatarios de la propiedad piden a las autoridades el fin de esta situación de zozobra, teniendo en cuenta que ya sufrieron al menos tres invasiones, lo que conlleva enormes costos, ya que los invasores destruyen cultivos e infraestructura existente en el inmueble, además de amenazar a los empleados.
