TAVAPY. El abogado Carlos Caballero, con frondosos antecedes judiciales, es quien aparece y funge de “asesor jurídico” de la comisión de seudos sintierras San José Isla Pucú. De acuerdo a los datos, este leguleyo, en complicidad con el presidente de la comisión, Willian Insaurralde Salinas y otros miembros de la comisión directiva, cobran entre uno y dos millones de guaraníes a los campesinos, para darles el “derecho” de ocupar las tierras de la estancia Rancho Grande. El martes último, los seudos sintierras fueron desalojados por enésima vez de las tierras, que son de dominio privado, pero Caballero insiste y asegura que “volverán a invadir en breve”.
Según el sistema informático de la Policía Nacional, el abogado Carlos David Caballero Brítez cuenta con antecedentes por tráfico de drogas peligrosas (año 2011) apropiación y producción de documentos no auténticos (año 2010) y apropiación, entre otros. Pero esto no le impide de fungir de “asesor jurídico” de la comisión de seudos sintierras San José Isla Pucú, quienes insisten en la invasión de una propiedad privada en la zona de Tavapy. Es más, Caballero aparece como “interlocutor” ante instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDERT, la Procuraduría General de la República e incluso el Congreso Nacional, donde supuestamente defiende la causa de esta comisión. Restaría saber cómo es posible que estas instituciones pueden prestarse al diálogo con una persona con este tipo de antecedentes.
Los propios campesinos reconocen que todos los asociados de esta comisión están obligados a pagar entre uno y dos millones de guaraníes a la comisión directiva, para los supuestos gastos en “asesoría jurídica”. En un momento dado, Caballero incluso presentó renuncia (con piolita), cuando no se le estaba pasando el dinero exigido. Al regularizar el pago, el mismo reanudó los supuestos “trámites”, sin embargo, lo que cabría preguntarse es qué tipo de trámites, llevando en cuenta que esta comisión no está reconocida ni ante el INDERT, ni ante la municipalidad de Tavapy y se limita a denuncias mediáticas, utilizando a figuras públicas que buscan protagonismo político, como Genaro Gabriel Vera Martínez alias “Paraguayito Alegre”.
Lo que resulta inexplicable es que los campesinos sigan confiando en sus dirigentes y en Caballero, llevando en cuenta que el presidente de la comisión, Willian Insaurralde Salinas y demás miembros, están todos procesados por invasión de inmueble y coacción grave, incluso son reincidentes, ya que se llevan practicados varios desalojos en el mismo lugar.
El martes último, el Agente Fiscal de Santa Rita, José Silguero Denis, acompañado de efectivos policiales, se constituyó en la mencionada propiedad privada. El Fiscal indicó que hay un informe de la Dirección General de los Registros Públicos, que da cuenta sobre la titularidad de la firma Forestal de Negocios S.A. sobre dichas tierras. Confrontados con la realidad, una vez más los invasores debieron retirarse.
Pero lejos de desistir de su cometido, en declaraciones a diversos medios, el abogado Caballero insiste en que las tierras “no tienen título”, que es todo propiedad del INDERT, que hay excedentes fiscales y que el dueño de la propiedad “es un chino”, evidenciando ignorancia supina, ya que la empresa Forestal de Negocios S.A. es una empresa nacional, con capital paraguayo. También omite la mensura judicial realizada por Adolfo Coronel Fornerón, de la cual incluso participaron los propios campesinos, y donde se determinó que no existe ningún excedente en la propiedad y sí un faltante de poco más de 80 hectáreas.
Hace tiempo, se viene denunciando que los cabecillas de esta comisión de seudos sintierras estafan masivamente a sus asociados, a quienes prometen “tierras fructíferas” sin argumento alguno ni documentos que respalden sus reivindicaciones ilegítimas. Por su parte, los propietarios legítimos del inmueble lamentan la situación de zozobra que soportan, indicando que ya presentaron los títulos de propiedad en reiteradas oportunidades. Los dueños y arrendatarios de la propiedad piden a las autoridades el fin de esta situación de zozobra, teniendo en cuenta que ya sufrieron al menos tres invasiones, lo que conlleva enormes costos, ya que los invasores destruyen cultivos e infraestructura existente en el inmueble, además de amenazar a los empleados.
