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JUSTICIA DECIDE QUE VIOLENTOS INVASORES DE TAVAPY DEBERÁN RESPONDER EN JUICIO ORAL

Imagen del último desalojo practicado en las tierras de estancia Rancho Grande, distrito de Tavapy, en julio de éste año. En la gráfica superior aparece Willian Insaurralde Salinas, cabecilla de los seudos sintierras.

SANTA RITA. El viernes último, se realizó la audiencia preliminar en el marco de la causa N°993/2018 “Ministerio Público c/Willian Insaurralde Salinas y otros S/sup. Hecho punible C/el ámbito de vida y la intimidad de las personas – invasión de inmueble ajeno”. Se trata de los seudos campesinos sintierras quienes hace años vienen acosando sistemáticamente las tierras de la estancia Rancho Grande, situadas en la zona de Tavapy. La causa ahora será elevada a juicio oral y público y los afectados señalaron que esperan que se haga justicia y los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.

El Ministerio Público, representado por el agente fiscal José Silguero, se ratificó en su denuncia, planteada contra un grupo de seudos sintierras, quienes en 2018 habían invadido las tierras de la estancia Rancho Grande. La denuncia había sido realizada en diciembre del 2018, por los arrendatarios de la estancia, de la cual es titular la empresa “Forestal de Negocios S.A.”, (Padrón Nº 1269, distrito de Santa Rosa del Monday (hoy del municipio de Tavapy), tomando razón la escritura de cesión en los Registros Públicos, con la matrícula Nº K17/1103, contando con una extensión específica de 2963 hectáreas.

En la audiencia, la Fiscalía se ratificó en su denuncia contra las personas sospechosas de liderar reiteradas invasiones en la propiedad mencionada. Se trata de Willian Insaurralde Salinas, Luis Reyes Bogado, Adolfo Domínguez Orué, Tomás Osvaldo Martínez Rejala, Tomás Enciso Orué, Juan Ramón Ramírez, Silvino Bareiro Díaz, Eutalio Bareiro Díaz, Marcio Fontana Dos Santos y Francisco Claudecir Ferreira, todos acusados de supuestos hechos punibles contra el ámbito de la vida y la intimidad de las personas – invasión de inmueble ajeno.

La audiencia se realizó ante el juez penal de Santa Rita, Bernardo Silva, quien decidió elevar la causa a juicio oral, cuya fecha de realización se sabrá en breve. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, las personas nombradas son responsables de dirigir reiteradas ocupaciones en el inmueble de la firma Forestal de Negocios SA.

La empresa es propietaria de tres mil hectáreas de tierra, cuenta con fracciones mecanizadas y un área destinada a reserva forestal, en cumplimiento de normativas ambientales. Todas las invasiones que se llevaron a cabo en los últimos años tuvieron como objetivo la extracción de madera, con el resultado de destrucción de la reserva.

La primera invasión, realizada en diciembre de 2018, tuvo como finalidad ocupar la reserva boscosa. Según actas de intervención de la Policía Nacional se descubrieron hornos construidos para fabricar carbón vegetal. El 2 de marzo de 2020 se registró una nueva invasión. En esa oportunidad, los agentes policiales fueron emboscados por personas con los rostros cubiertos, quienes atacaron a la fuerza pública con palos y machetes. Los efectivos repelieron la agresión disparando balines de goma.

Y una situación similar, cargada de violencia, tuvo lugar el 8 de junio de 2020, con el agravante de que en ésta oportunidad destruyeron puentes de acceso a la propiedad. Los invasores alegan estar organizados en las comisiones El Mensu y San José Isla Pukú. Sin embargo, el Indert confirmó al Ministerio Público que ninguna de estas comisiones está reconocida por la institución agraria. Tampoco están reconocidas ante la municipalidad de Tavapy.

El abogado Carlos Caballero, con frondosos antecedentes judiciales, se presenta como asesor jurídico de los invasores. De acuerdo a informes obtenidos en el lugar, los ocupantes pagan en promedio un millón y medio de guaraníes, en concepto de “contribución” para la asesoría jurídica. Cabe indicar que la empresa Forestal de Negocios entregó tanto al juzgado como al Ministerio Público los documentos que acreditan la propiedad legítima de la tierra, incluyendo el resultado de una nueva mensura judicial que se realizó para descartar el argumento de que existen excedentes fiscales dentro del inmueble.

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