Integrantes de un violento grupo de seudos campesinos sin tierras, denominada “Comisión Vecinal San José Isla Pukú”, finalmente tras muchas chicanas fueron condenados en juicio oral y público. Se trata de los agitadores sociales quienes en forma permanente realizaban invasiones de tierras en la zona de Tavapy, específicamente resultando víctima la estancia Rancho Grande situada en dicho distrito. Los sentenciados son William Insaurralde Salinas (presidente), Marcio Fontana, Silvino Bareiro Díaz, Eulalio Bareiro Díaz, Tomás Enciso Orué y Juan Ramón Ramírez, quienes fueron encontrados culpables por invasión de inmueble ajeno.
De acuerdo a los datos, los cinco primeros recibieron una sanción de 2 años con suspensión de la ejecución de la condena y el último de ellos 1 año. No obstante, los mismos deberán cumplir las siguientes condiciones: Prohibición de cometer actos de la misma naturaleza (invadir otras propiedades), prohibición de portar armas, prohibición de consumo en exceso de bebidas alcohólicas o estupefacientes.
El plazo de la suspensión para el cumplimiento de las condiciones será de 5 años y en caso de transgredir estas disposiciones deberán volver a prisión para el cumplimiento efectivo de la pena, según el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia, presidido por la juez Evangelina Villalba y conformado por Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo.
Según los antecedentes, la primera invasión se produjo el 10 de diciembre de 2018, en la estancia denominada Rancho Grande, propiedad de la firma Forestal de Negocios S.A., que era arrendada por el ciudadano Janderson Repossi. El inmueble está ubicado en la colonia Dolores, distrito de Tavapy. Los invasores en varias ocasiones fueron sacados del lugar mediante intervenciones policiales, fiscales y judiciales. Luego, volvían a ingresar, armados con machetes y elementos contundentes.
Los violentos invasores llegaron a quemar 30 hectáreas de trigo, además de proferir amenazas contra los funcionarios del establecimiento. La estancia fue invadida en al menos tres oportunidades, siendo desalojados y procesados los seudos sintierras, quienes no obstante insisían en su cometido, azuzado por un leguleyo quien pretendía sacar réditos económicos de la situación, a pesar de que los dueños ya demostraron con creces que las tierras son de dominio privado. Los invasores actuaban con actitud violenta, amedrentaban y agredían a los trabajadores que cumplían labores en el lugar. Sin embargo, luego fueron procesados y finalmente condenados, en el debate público.
