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ROSCA INVADE TIERRAS E INTENTA USURPAR VALIOSA PROPIEDAD DE COLONO DE YGUAZÚ

Abogado Héctor Santacruz Domínguez, quien comandó la invasión de las tierras del colono Roque Schullenberger. En la siguiente imagen, durante la constitución del fiscal Miguel Angel Alvarenga, se constató que maquinarias agrícolas y empleados del político colorado Plínio Pereira ya estaban instalados en el inmueble usurpado.

YGUAZU. Un vil intento de despojo de una propiedad privada, de parte de una presunta rosca conformada por políticos y abogados, estaría en plena marcha en éste distrito. Los antecedentes del caso indican que el viernes 28 de octubre, integrantes de esta gavilla se constituyeron en la propiedad del colono Roque Schullenberger y con prepotencia e incluso exhibiendo armas de fuego, intimaron a los inquilinos a retirarse del lugar, alegando que era la propiedad de un ciudadano brasileño. Sin embargo, caben pocas dudas de que se trata de un caso de título falso o sobrepuesto, ya que el número de finca, padrón e incluso las dimensiones del inmueble no coinciden con los datos reales de la propiedad, consignados en Catastro de la municipalidad local. El caso está siendo investigado por la Fiscalía distrital.

Según refiere la denuncia, el viernes último los inquilinos del inmueble, propiedad del colono Roque Schullenberger se encontraban trabajando las tierras, situadas en el Km. 45 Monday, a unos 14 mil metros de la ruta PY 02, lugar identificado como Finca 1.599 lote 60 manzana “D” del Padrón N°336, que posee una superficie de 122 hectáreas. En ese interín llegó un grupo de personas, lideradas por los abogados Héctor Santacruz Domínguez y Alejo Fretes Prieto, quienes se identificaron como presuntos “propietarios” del lugar.

De acuerdo a los datos, Santacruz Domínguez presentó un supuesto poder otorgado por un ciudadano brasileño, identificado como un tal Pedro Erno Gerhard, con Documento de Identidad brasileño N°.9.534, quien presuntamente es dueño del inmueble (en base a un supuesto título de propiedad del año 1.979) y le otorgó un poder general sobre la propiedad. Sin embargo, los datos de la finca reivindicada por el leguleyo no coinciden con los de la propiedad invadida, ya que se trata de la Finca N°742, del Padrón N°848, y la superficie tampoco coincide, ya que se trataría de un inmueble de 326 hectáreas, según señala el documento presentado por Santacruz.

Al verse avasallado en sus derechos, el legítimo propietario del inmueble presentó denuncia ante la Fiscalía por invasión de propiedad, coacción, amenaza y otros, constituyéndose el agente fiscal Miguel Angel Alvarenga el martes 01 de noviembre en el inmueble, encontrando en el lugar a dos personas, identificadas como el Ing. Agr. Juan Carlos Ríos Duarte y Esteban Duarte Caballero, quienes afirmaron ser empleados de una empresa agroganadera, propiedad del político colorado y exgobernador de Itapúa, Plinio Pereira, quien presuntamente está explotando la propiedad ahora usurpada. También fue encontrado por los intervinientes un tractor agrícola de la marca CASE y una motocicleta Leopard en el lugar, lo que evidencia que ya se pretende iniciar la explotación mecanizada de las tierras.

Posteriormente también se presentó en el inmueble el abogado Héctor Santacruz, quien dijo representar al “propietario” del inmueble, aunque no presentó al fiscal título de propiedad u orden judicial que le autorice el ingreso al inmueble, propiedad del Sr. Roque Schullenberger. De acuerdo a lo indicado por representantes legales de la víctima de invasión, los abogados Santacruz y Fretes Prieto habían presentado una denuncia el viernes último ante la Fiscalía penal de turno de Yguazú, por invasión de propiedad, contra personas innominadas, motivo por el cual el fiscal Alvarenga finalmente suspendió la intervención, señalando que debía recabar más datos para tomar otras medidas. Cabe acotar que ayer el Juzgado Civil hizo una nueva constitución en el lugar, hallando a otro invasor en el predio, identificado como Luciano Galeano.

VULGAR INTENTO DE DESPOJO

Todo el operativo de esta gavilla no sería más que un vulgar intento de despojar de sus tierras legítimas a un colono. Cabe mencionar en ese sentido que hace años, el señor Schullenberger paga el impuesto inmobiliario por su finca, ante la municipalidad de Yguazú, documento que ya obra en poder del Ministerio Público. Igualmente, en Catastro de la municipalidad, se pudo detectar que la finca reivindicada por el abogado Santacruz (Padrón 848) corresponde a una finca de 6 hectáreas, que figura a nombre de Modesto Cardozo Cáceres, evidencias que hacen presumir que todo se trata de un intento de despojo de tierras con título falso o sobrepuesto. Cabe indicar en ese sentido que las tierras del distrito de Yguazú se desprenden en gran parte de una finca matriz perteneciente a la Asociación Japonesa de Yguazú, por lo que no existen excedentes fiscales.

PERSONAS CON OSCUROS ANTECEDENTES

Los ejecutores de este intento de despojo y usurpación de inmueble serían personas con frondosos antecedentes, de acuerdo a los datos. En ese sentido, se puede señalar que Plinio Pereira es un político colorado que tiene antecedentes nefastos, por intentar usurpar, título falso mediante, centenas de hectáreas de una comunidad indígena en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa. Las publicaciones periodísticas indicaban que la propiedad cuenta con título del Instituto Nacional del Indígena INDI, no obstante, mediante el tráfico de influencias, el exgobernador explotó e intentó usurpar dichas tierras por años.

Así también el político del PLRA y abogado Alejo Fretes Prieto es un “viejo conocido” de la justicia, pues el mismo se desempeñó como intendente en la comunidad de Acahay, de muy cuestionada gestión. El mismo posee antecedentes por estafa y lesión de confianza e incluso contaría con prohibición de salir del país. Llevando en cuenta estos datos, todo hace suponer que se trata de una rosca que intenta aprovecharse y usurpar tierras de sus legítimos propietarios, mediante argucias legales y títulos falsos o sobrepuestos. Los abogados de la víctima de invasión de tierras advirtieron que los autores de este grave caso se exponen a penas carcelarias de hasta 10 años por invasión, usurpación, coacción y amenaza, en tanto los abogados cómplices podrían tener sus matrículas casadas por mala fe y ejercicio abusivo del derecho.

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