YGUAZU. El inmueble de 122 hectáreas ubicado en este distrito, propiedad del colono Roque Schullenberger y que fuera invadido de la mano de los abogados Héctor Santacruz Domínguez y Alejo Fretes Prieto, bajo el presunto “padrinazgo” del político colorado Plínio Pereira, está siendo en realidad reivindicado ¡por un muerto! Esto se descubrió tras investigarse los datos del ciudadano brasileño Pedro Erno Gerhard, quien supuestamente otorgó un “poder general” al abogado Santacruz Domínguez. Empero, en los registros brasileños figura que Gerhard es una persona nacida en el año 1920 y ya falleció hace varios años atrás. Para colmo los datos del inmueble reivindicado por los invasores no coinciden con la propiedad de Schullenberger, sino se refieren a una finca situada en el distrito de Domingo Martínez de Irala, según consta en el Registro del Servicio Nacional de Catastro.
Varios datos llamativos van saltando, tras la invasión de la propiedad del señor Schullenberger, el viernes último en el distrito de Yguazú. Recordemos que el día 28 del mes pasado, los abogados Héctor Santacruz Domínguez y Alejo Fretes Prieto, con actitud prepotente, profiriendo amenazas y presencia de capangas armados, expulsaron a los inquilinos de Schullenberger, que estaban trabajando en la propiedad, diciendo que todo era propiedad del ciudadano brasileño Pedro Erno Gerhard, quien presuntamente le otorgó un poder general al abogado Santacruz Domínguez, para que disponga de esas tierras.
El inmueble, de 122 hectáreas, está ubicado en el Km. 45 Monday, a unos 14 mil metros de la ruta PY 02, lugar identificado como Finca 1.599 lote 60 manzana “D” del Padrón N°336, distrito de Yguazú. Sin embargo, al consultar los registros brasileños, se pudo detectar que el señor Pedro Erno Gerhard nació un día 31 de Agosto del año 1920, es decir, hoy tendría 102 años de edad. Pero de hecho, según se pudo corroborar en varias páginas judiciales digitales del Brasil, ya existen varios juicios sucesorios en relación a esta persona, lo cual corrobora totalmente que Gerhard falleció muchos años atrás. Este dato fortalece bastante las sospechas de que los leguleyos mencionados, en complicidad con el político colorado y exgobernador de Itapúa, Plínio Pereira, armaron una verdadera “rosca”, para así, con un título de propiedad caduco (sería de los años setenta), intentan usurpar la legítima propiedad del señor Schullenberger.
INMUEBLE REIVINDICADO NI
SIQUIERA ESTÁ EN YGUAZU
De hecho, el inmueble reivindicado por el abogado Santacruz Domínguez ni siquiera coincide, en cuanto a los datos presentados, con la propiedad del colono Schullenberger. Los documentos presentados por el abogado invasor se refieren a la Finca N°742, del Padrón N°848, de una dimensión de 326 hectáreas, que están ubicadas en el distrito de Domingo Martínez de Irala, comunidad que ni siquiera es limítrofe con el distrito de Yguazú. Esto según lo consignado en el Registro de Propiedades Rurales, del Servicio Nacional de Catastro.
En consecuencia, caben pocas dudas de que se está ante un burdo intento de usurpación de tierras. De hecho, hace años el señor Schullenberger paga el impuesto inmobiliario por su finca, ante la municipalidad de Yguazú, documento que ya obra en poder del Ministerio Público, que tomó intervención en el grave caso.
ROSCA MAFIOSA
Los responsables del atropello a la propiedad de Roque Schullenberger constituirían una verdadera gavilla, con la intención de usurpar tierras ajenas. Plinio Pereira es un político colorado que tiene antecedentes nefastos, por intentar usurpar, título falso mediante, centenas de hectáreas de una comunidad indígena en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa. Las publicaciones periodísticas indicaban que la propiedad cuenta con título del Instituto Nacional del Indígena INDI, no obstante, mediante el tráfico de influencias, el exgobernador explotó e intentó usurpar dichas tierras por años.
Así también el político del PLRA y abogado Alejo Fretes Prieto es un “viejo conocido” de la justicia, pues el mismo se desempeñó como intendente en la comunidad de Acahay, de muy cuestionada gestión. El mismo posee antecedentes por estafa y lesión de confianza e incluso contaría con prohibición de salir del país. Cabe indicar que los autores de este grave atropello se exponen a penas carcelarias de hasta 10 años por invasión, usurpación, coacción y amenaza, en tanto los abogados cómplices podrían tener sus matrículas casadas por mala fe y ejercicio abusivo del derecho.
