JOSE DOMINGO OCAMPOS, Caaguazú. Por decisión de la Fiscalía General Adjunta, proseguirá la investigación penal al intendente local, Clemente Contreras (ANR), acusado por enriquecimiento ilícito, nepotismo, tráfico de influencias, producción de documentos no auténticos y lesión de confianza. De acuerdo a los datos, sugestivamente la fiscal Sonia Estigarribia había pedido la desestimación de la causa, sin embargo, la Fiscalía General dictaminó que la investigación al jefe comunal debe continuar su curso, al hallarse irregularidades en la investigación de Estigarribia. Actualmente Contreras busca el rekutú en el cargo, pese a estos nefastos antecedentes.
El concejal Iván Benítez ya en diciembre del 2018 había presentado una denuncia penal, en su carácter de legislador municipal, ante la fiscalía zonal de J. E. Estigarribia, contra el actual intendente Clemente Contreras, por los delitos mencionados. El caso estuvo en principio a cargo del Fiscal Troadio Galeano y luego tomó la carpeta la agente fiscal Sonia Estigarribia. Esta última empezó su investigación fiscal a partir del 3 de junio de 2019 y el 21 de octubre del mismo año, inexplicablemente pidió la desestimación de la denuncia, lo que fuera rechazado por el Juzgado Penal de Garantías de Caaguazú, a cargo del Abog. Angel Rafael Baranda.
Ante esta situación, el edil denunciante planteó trámite de oposición y el caso fue remitido a la Fiscalía General del Estado, dándose lugar a la prosecución de la investigación penal, en razón del evidente parcialismo de la citada fiscal para tratar de favorecer al Intendente Clemente Contreras, quien intentó que la acusación sea desestimada cuanto antes, para tratar de limpiar su deteriorada imagen antes de las internas partidarias, ya que el mismo busca el rekutú. Sin embargo, la Fiscalía
General adjunta dictaminó que prosiga la investigación penal al jefe comunal.
De acuerdo a los antecedentes, la fiscal Estigarribia no investigó el patrimonio del denunciado y vergonzosamente afirmó en su escrito de desestimación que “no hay desbalance de su régimen patrimonial”, sin contar con dictamen ni peritaje contable. Solo basta con observar la declaración jurada del intendente para detectar que “los números no cierran”. “Cuando salió de la función pública tenía declarado Gs. 45.400.000 y cuando asume la Intendencia declara Gs 1.688.400.000, entonces o mintió en su declaración jurada o hizo una declaración falsa”, dice en el escrito presentado por el concejal denunciante.
Tampoco la fiscal investigó la denuncia sobre nepotismo, en razón de que una hija y un sobrino de Contreras estaban al comienzo de la investigación en la municipalidad como funcionarios municipales. Actualmente su hija es funcionaria de Tekopora (programa que funciona en la misma municipalidad) un sobrino es médico contratado en el Puesto de Salud local y otro pariente es Policía de tránsito municipal actualmente, pese a que la ley prohíbe nombrar parientes en la administración pública, salvo por concurso
La agente fiscal tampoco investigó el presunto delito de lesión de confianza, ya que hay sospechas sobre varias obras (sobrefacturaciones) y otras realizadas con pagos “duplicados”, todo esto cometido presuntamente por el intendente Contreras y avalado por 5 concejales colorados “incondicionales” al mismo, Nelson Martínez, Ernesto Velastiqui, Gilberto Barios, Mario Marin y Francisco Cerdán (todos pretenden ser reelectos concejales, compiten en la interna de la ANR). Estos concejales son los que avalaron en todo este periodo la actuación del intendente Clemente Contreras, valiéndose en su mayoría, incluso aprobaron la memoria y balance sin estudio de las comisiones asesoras del año 2020.
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